Las batallas

Sin rubor Quadratínerno de Estados Unidos ha echado mano durante décadas de delincuentes para perseguir delincuentes. Mediante la figura de los testigos cooperantes —algunos de los cuales terminan bajo protección del gobierno— ha convertido a mafiosos, narcotraficantes, operadores financieros, cómplices e integrantes de organizaciones criminales en sus más escandalosas estrellas ante los tribunales.

Salvatore “Sammy The Bull” Gravano declaró contra John Gotti; antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa subieron al estrado contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros hicieron lo mismo durante el juicio contra Genaro García Luna. Estados Unidos obtuvo información desde las entrañas de las propias organizaciones criminales y la convirtió en una poderosa herramienta de persecución penal.

Nada nuevo pues; son criminales que cruzaron la línea para convertirse en colaboradores del gobierno estadounidense y ayudar a sus fiscales a llevar ante un jurado a quienes alguna vez fueron sus socios, jefes o aliados. A cambio, algunos han recibido beneficios procesales, reducciones de sentencia o incluso protección. 

Otros han sido incorporados al Witness Security Program (WITSEC), que puede ofrecer seguridad, reubicación, asistencia económica temporal, apoyo para conseguir empleo y, bajo determinadas circunstancias, una nueva identidad. Pero este tema y esta figura adquiere hoy una dimensión que rebasa los tribunales y abre muchas, enormes, suspicacias.

Sobre todo cuando desde la Casa Blanca se fortalece una narrativa contra México sembrada por el presidente Donald Trump, o se filtra información falsa a los medios de comunicación más importantes e influyentes del mundo, o des de Washington se sube descaradamente el volumen a críticos del gobierno mexicano que están en plena disputa por del poder.

Me confirman fuentes de más alto nivel que esa figura será clave en los próximos meses dentro de la narrativa trumpista. Al tiempo.

¿Se puede confiar en un testigo protegido/colaborador de este perfil cuando Washington endurece su política exterior, coloca al narcotráfico en el terreno de la seguridad nacional con fines meramente electorales y aumenta la presión sobre otros países?, ¿cuánto vale, por sí sola, la palabra de un criminal que tiene algo que ganar a cambio de hablar?

La respuesta más interesante está en las propias reglas estadounidenses.

El Departamento de Justicia reconoce expresamente que la credibilidad de un testigo cooperante siempre estará bajo cuestionamiento cuando comparezca ante un tribunal. 

Por eso obliga a los fiscales a revisar información que puede comprometerla: declaraciones contradictorias, acuerdos de inmunidad, cargos retirados o reducidos, expectativas de disminución de sentencia, beneficios migratorios, pagos, acuerdos para evitar una acusación, ayuda para reubicarse e incluso beneficios concedidos a terceras personas.

Pero, ¿puede Estados Unidos usar la figura de testigo protegido/cooperante para poner en vilo a un gobierno extranjero simplemente para justificar la narrativa antimexicana de Trump con fines político-electorales ?, es pregunta.

Un delincuente sentado ante los fiscales puede tener frente a sí dos expedientes: el de los hombres sobre quienes está dispuesto a hablar y el suyo. Y sobre ese segundo expediente pueden gravitar años de prisión, patrimonio, situación migratoria y, eventualmente, condiciones de seguridad para él y su familia. La presión puede ser usada para los fines que mejor convengan al gobierno en turno, o no. Se trata de un manejo de intereses.

Y el sistema judicial estadounidense lo sabe. Tan lo sabe que las instrucciones utilizadas por tribunales federales advierten a los jurados que el testimonio de quien recibió inmunidad, beneficios o trato favorable del gobierno, o participó como cómplice en el delito, debe ser examinado con mayor cautela que el de otros testigos.

Hay otro elemento todavía más revelador. Cuando un fiscal estadounidense evalúa un acuerdo de cooperación debe preguntarse si el testimonio será creíble, si puede ser corroborado mediante otras evidencias, si realmente ayudará a la investigación y si la misma información podría conseguirse de otra persona sin otorgarle al potencial colaborador un acuerdo de no procesamiento.

Un testigo puede entregar nombres. Puede reconstruir reuniones. Puede señalar políticos, empresarios, policías, militares, funcionarios o antiguos socios. Puede describir dinero entregado, acuerdos alcanzados y operaciones realizadas. Pero después viene la pregunta que debería acompañar cualquier revelación de esa naturaleza: ¿Qué puede demostrar?

Si bien una declaración puede abrir una investigación, conducir a nuevas evidencias o convertirse en una pieza de un proceso penal, pero cuando quien acusa tiene también una condena que reducir, cargos que enfrentar o beneficios que obtener, conocer el acuerdo que existe detrás de su cooperación resulta indispensable.

No es una descalificación del sistema estadounidense. Es precisamente el sistema estadounidense el que obliga a poner esos intereses sobre la mesa. Y quizá ésa sea la advertencia necesaria en tiempos en que la declaración de un narcotraficante detenido en Estados Unidos puede provocar un terremoto político más allá de sus fronteras, o no.

RADAR

RESENTACIÓN. Este martes, a filo de las 12:00 horas, la presidenta del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, presentará en la librería U-Tópicas —ubicada en Felipe Carrillo Puerto 60, colonia Coyoacán— el libro Historias de resistencia. La feminización de la violencia en Michoacán, en el que la legisladora analiza la violencia contra las mujeres y su papel en la reconstrucción comunitaria de su estado.

Publicada por la editorial Silla Vacía, la obra estudia lo ocurrido entre 2006 y 2015 en 11 municipios de Tierra Caliente y la Sierra-Costa de Michoacán, territorios considerados zonas de conflicto por haber sido escenario de la llamada guerra contra el narcotráfico y del posterior surgimiento de los grupos de autodefensa.

La investigación se apoya en más de un centenar de entrevistas con mujeres víctimas directas e indirectas, además de la revisión de averiguaciones previas relacionadas con casos de violencia de género.

Alanís plantea la categoría de “mujeres en zona de conflicto” para explicar cómo ellas fueron colocadas entre las principales víctimas de la disputa por el control territorial, pero también se convirtieron en el principal soporte de sus familias y comunidades. ¡Imperdible!

Un saludo para mis amigos de Quadratín