La nueva arquitectura de la paz
Avances, tensiones y retos en la política de seguridad
En un país que durante años ha convivido con niveles alarmantes de violencia, el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum ha abierto un nuevo capítulo en la discusión pública sobre seguridad. Más que cantar victorias prematuras, conviene analizar con serenidad lo que sugieren las cifras recientes, los cambios estratégicos y, sobre todo, los desafíos que persisten. México parece transitar por un punto de inflexión que merece una lectura cuidadosa: reconocer avances sin caer en triunfalismos, y sostener una crítica responsable en la línea de la Cuarta Transformación.
Diversos indicadores oficiales reportan una disminución relevante en homicidios dolosos entre finales de 2024 y comienzos de 2026. La reducción acumulada —significativa en términos estadísticos— apunta a una tendencia sostenida que, de confirmarse en el mediano plazo, marcaría una diferencia frente a la volatilidad observada en periodos anteriores. Sin embargo, la prudencia es indispensable: las dinámicas criminales son cambiantes, los ciclos de violencia pueden reacomodarse y las variaciones regionales obligan a evitar generalizaciones apresuradas.
Un elemento destacable es la extensión territorial del descenso. La mayoría de las entidades federativas han mostrado mejoras en sus promedios, algunas con caídas drásticas. Este comportamiento sugiere que no se trata únicamente de un fenómeno aislado o concentrado, sino de una posible reconfiguración más amplia. Aun así, el análisis fino exige distinguir contextos locales: factores como disputas entre grupos criminales, intervenciones focalizadas o variaciones en capacidades institucionales pueden influir de manera diferenciada.
La estrategia del actual gobierno ha insistido en dos ejes que dialogan con el enfoque de la 4T: la atención a las causas sociales de la violencia y el combate a la impunidad. La primera dimensión reconoce que la seguridad no puede reducirse al uso de la fuerza; implica políticas de inclusión, educación, empleo juvenil y reconstrucción del tejido comunitario. La segunda subraya que la prevención pierde eficacia si no se acompaña de investigación, inteligencia y fortalecimiento del sistema de justicia. El desafío radica en mantener ambos pilares en equilibrio, evitando tanto el punitivismo automático como el voluntarismo social desconectado de la realidad operativa.
Los reportes sobre detenciones, aseguramiento de armas, incautación de drogas y desmantelamiento de laboratorios reflejan una actividad estatal intensa. Más allá del volumen, importa la calidad de las acciones: operaciones con sustento en inteligencia, respeto a derechos humanos y coordinación interinstitucional. La experiencia histórica demuestra que los despliegues indiscriminados generan costos sociales elevados y resultados efímeros. La apuesta actual parece orientarse hacia intervenciones más quirúrgicas, aunque su efectividad deberá evaluarse con métricas independientes y auditorías públicas.
En cuanto a delitos de alto impacto, la tendencia general muestra señales alentadoras en rubros como secuestro, robos con violencia y lesiones por arma de fuego. No obstante, la seguridad cotidiana de las familias mexicanas depende también de delitos patrimoniales y de proximidad. Incrementos marginales en ciertos ilícitos —como el robo a casa habitación en algunos periodos— recuerdan que la percepción ciudadana no siempre acompaña las mejoras agregadas. La política pública debe atender esa brecha con prevención situacional, policía de proximidad y justicia cívica eficaz.
Lo distintivo del momento no es solo la evolución numérica, sino la narrativa institucional: la paz entendida como proyecto de Estado. Este cambio discursivo, coherente con la economía moral promovida por la 4T, coloca en el centro la dignidad humana, la reducción de desigualdades y la reconstrucción de confianzas. Sin embargo, el discurso requiere traducirse en resultados tangibles y sostenibles. La legitimidad se consolida cuando las comunidades perciben mejoras reales en su entorno inmediato.
Persisten retos estructurales. La capacidad investigadora de fiscalías, la profesionalización policial, la depuración de corporaciones locales y la coordinación entre órdenes de gobierno siguen siendo tareas críticas. Asimismo, la violencia asociada a economías ilícitas transnacionales exige cooperación internacional inteligente, sin comprometer la soberanía ni subordinar prioridades nacionales.
México ha aprendido que las políticas de seguridad no admiten soluciones simples ni éxitos definitivos. Las reducciones observadas constituyen una ventana de oportunidad para profundizar reformas, corregir inercias y fortalecer instituciones. El riesgo sería convertir los avances en complacencia o, en el extremo opuesto, desestimarlos por cálculo político.
La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta la responsabilidad de consolidar tendencias, transparentar evaluaciones y sostener un diálogo honesto con la ciudadanía. Reconocer progresos no implica ignorar pendientes; ejercer la crítica no significa negar evidencias. Entre la euforia y el escepticismo absoluto existe un espacio más fértil: el análisis riguroso, la vigilancia democrática y la construcción gradual de una paz duradera.
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