Indicador político
CSP-1: el Estado, la economía, el bienestar y el desarrollo
Las prioridades reales del proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo se revelan con claridad en la agenda de trabajo en sus giras de fin de semana: temas de subsidio y sobre todo supervisión de construcción de hospitales, mientras la economía productiva está suelta porque el Estado no ha asumido sus tareas de rectorado de los sectores empresarial y laboral.
En el corto plazo, la economía estará creciendo máximo 1 por ciento, pero con tendencia hacia abajo y el riesgo siempre latente de cruzar la línea de flotación y caer a tasas negativas, en el mediano plazo está establecida la meta oficial de 2.5 por ciento de crecimiento promedio anual, pero con las informaciones que revelan que la desigualdad y el dinamismo requieren mínimo de 4 por ciento; y en el largo plazo, analistas consultados por el Banco de México han concluido que la tasa promedio de PIB anual en los próximos diez años sería de 1.8 por ciento o menos.
Aquí hemos insistido en las cifras oficiales sobre tendencias del PIB a largo plazo: en el periodo populista de 1934-1982, el promedio anual de crecimiento económico fue de 6 por ciento, con la circunstancia positiva de que en ese mismo lapso hubo una inflación de 2.5 por ciento; en el ciclo neoliberal 1983-2018, el PIB apenas alcanzó una tasa anual promedio de 2 por ciento, con oscilaciones inflacionarias que llegaron a su tope máximo a 130 por ciento en 1987; y en la corta etapa de populismo neoliberal lopezobradorista 2018-2025, el PIB promedio anual habría sido de 1 por ciento.
El referente al crecimiento económico que resulta de la suma de los bienes y servicios producidos solo se entiende en términos de que la actividad económica no funciona solo por los resortes de acumulación privada de riqueza de los empresarios o por la acumulación fiscal del Estado en el cobro de impuestos productivos, sino que se debe cruzar con las necesidades de empleo.
Y ahí existe un referente que prácticamente desde 1976 no se ha alcanzado: la satisfacción de empleo formal --salarios, prestaciones sociales y seguridad médica-- debe atender el hecho de que cada año se incorporan por primera vez en el mercado de trabajo poco más de un millón de mexicanos y que para atenderlos se requieren tasas de PIB superiores al 4 por ciento.
Ante el estancamiento en el ciclo neoliberal salinista y populista-neoliberal del lopezobradorismo, la economía no ha podido satisfacer la demanda de empleos formales para los nuevos mexicanos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, pero habrá que sumar la cifra de trabajadores que no alcanzaron la condición de formales y que oficialmente suma el 54 por ciento de la población económicamente activa.
En este contexto, el desafío de bienestar social para los periodos populistas y neoliberales ha radicado en que la economía de estancamiento abajo de 2 por ciento no alcanza siquiera a ofrecer bienestar a los que ya están en el mercado de trabajo, a los que hay que agregarle los nuevos trabajadores anuales que se suman a la población activa y a los rezagados.
El Tratado de Comercio Libre del presidente Carlos Salinas de Gortari buscó un nuevo modelo de desarrollo económico hacia el exterior o articulado a la economía mundial para crecer en el producto y distribuir el bienestar, pero el resultado está la vista: el ciclo neoliberal se puede acreditar como de crecimiento con pobreza y concentración de la riqueza cada vez en pocas manos.
Este es el desafío que se encontró la presidenta Sheinbaum Pardo al jurar su cargo como presidenta de la República para el período 2024-2030, y para ello tuvo dos instrumentos públicos concretos: el Plan Nacional de Desarrollo que quedó solo en un documento dogmático y sin enfoque programático y el Plan México que tendría mucha viabilidad si antes tuviera resultados muy concretos no solo en la reorganización del sistema productivo que está envejecido frente a las exigencias tecnológicas de otros países, sino que tampoco ofrece el liderazgo que constitucionalmente tiene la jefa del Ejecutivo federal por mandato constitucional de la rectoría del Estado, es decir la fuerza del sector público para definir ritmos y objetivos del crecimiento como desarrollo y la obligatoriedad para resolver las exigencias de la modernización industrial y agropecuaria.
Los programas sociales han cumplido su función, pero muy pronto han llegado al límite de que requieren de fondos públicos para sostenerse y crecer y estos no han podido llegar por la falta de estímulo a la producción privada y por la dependencia inocultable entre el volumen de gasto público como consecuencia de la recaudación que genera el crecimiento económico.
El sexenio del presidente López Obrador cumplió en programas sociales, pero incumplió el mandato de rectoría del Estado y la necesidad de crecer el producto arriba de 4 por ciento. El mismo desafío tiene la presidenta Sheinbaum Pardo, pero hasta ahora ha seguido los limitados caminos económicos del no-desarrollo de López Obrador.
Política para dummies: la política sin economía termina siempre en autoritarismo.
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@carlosramirez
