Indicador político

Sólo queda cerrar la CIA aquí y regresar al embajador

En febrero de 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez recibió un informe escrito que revelaba que la embajada de la Unión Soviética en México, y sobre todo la estación del KGB (oficina de espionaje), estaban interviniendo en política nacional y aparecían detrás del entrenamiento a jóvenes guerrilleros mexicanos. De manera contundente, el gobierno mexicano regresó a su embajador en Moscú, expulsó a cinco diplomáticos de la embajada rusa, entre ellos al legendario Oleg Netchiporenko, y cerró la sección del KGB.

En aquel entonces no existía ninguna ley de seguridad nacional en México, e incluso los enfoques en esa materia respondían más a la lógica de los intereses de la Guerra Fría estadounidense. Pero los reportes del grupo de investigación presidencial fueron contundentes en la presentación de pruebas de que la agencia de espionaje de la URSS estaba operando con impunidad en territorio mexicano para entrenar a grupos de la guerrilla que causaban problemas y destrozos, hasta que fueron liquidados por la Brigada Blanca.

El gobierno mexicano actual se encontró con la sorpresa —producto de un accidente automovilístico inesperado— de que cuatro agentes de la CIA habían participado en un operativo estatal en Chihuahua para destruir narcolaboratorios.

El problema real fue que la actual Ley de Seguridad Nacional, en su Título Séptimo, Capítulo I, obliga a las agencias extranjeras —pero de manera concreta a la CIA, la DEA y el FBI— a registrar a todo su personal y que cualquier participación en actividades dentro de México debiera ser reportada al gobierno de México.

En este sentido, la responsabilidad de la participación de la CIA, a través de cuatro agentes en operativos estatales, debió acreditarse a las autoridades federales mexicanas que tienen la obligación de hacer cumplir la ley. El mensaje directo que dejó el incidente está a la vista de todos: la CIA —sobre todo la estructura conocida como estación en México y, de manera estricta, la embajada de Estados Unidos en México, que controla a todo el personal que debiera tener registro y supervisión diplomática— violentó la ley, incumplió la ley, violó la ley y, por tanto, se puede acreditar la sanción de obligar a la embajada estadounidense a cerrar ostensiblemente la estación de la CIA en México y enviar de regreso a Estados Unidos a todos los agentes, registrados o no.

Ahí se encuentra la crisis de seguridad nacional de México. La Presidencia de la República no puede quejarse de que la CIA no registró a sus agentes ni puede echarle toda la caballería al gobierno estatal de Chihuahua, sino que la responsabilidad directa fue de la embajada por haber permitido que agentes identificados y no registrados participaran en un operativo contra narcolaboratorios.

El menor de los problemas se encuentra en el agradecimiento que debiera dar el Gobierno de México a la embajada de Estados Unidos y a la CIA por su apoyo en el operativo de Chihuahua, pero esos resultados forman parte de lo que el lenguaje jurídico conoce como “fruto de un árbol envenenado”.

La destrucción de narcolaboratorios pudiera, en términos legales, tener consecuencias negativas para los fallecidos en el incidente y los arrestados por la ilegalidad en el grupo gubernamental en un operativo con violaciones a la ley.

La fuente de la irregularidad del operativo estuvo en la violación de la Ley de Seguridad Nacional por el incumplimiento del requisito de registro obligatorio de agentes extranjeros —en este caso, la CIA, y no se sabe la posibilidad de agentes de la DEA—. La parte estadounidense debe cumplir con las exigencias de las leyes mexicanas con agencias que tienen permisos legales para tener oficinas, pero la responsabilidad final recae en la embajada de Estados Unidos y, por lo tanto, en su embajador, con la circunstancia adicional de que el diplomático Ronald Johnson llegó al cargo con un currículum en el que registró haber sido agente en activo de la CIA.

Como siempre ocurre en eventos diplomáticos en los que se aplica la fórmula de los seguros automotrices de que “cada quien su golpe”, ahora, sin embargo, el asunto es más grave porque la presidenta Sheinbaum ha sido insistente en señalar la violación de la ley y, por lo tanto, está obligada a dar el paso siguiente, que sería la exigencia del cierre de la estación de la CIA en México y la salida del embajador estadounidense por no cumplir con la Ley de Seguridad Nacional de México.

La única manera que tiene México de darse a respetar en temas de espionaje invasor o invasivo por parte de gobiernos extranjeros, que fingen estar cumpliendo las leyes mexicanas y en la realidad las violan con toda impunidad, sería reproducir el ejemplo del presidente Echeverría para exigir el cierre de la estación de la CIA en México y el cambio de embajador.

La insistencia en dinamizar el caso de la CIA en Chihuahua ha sido del gobierno mexicano y, por lo tanto, a Palacio Nacional le corresponde exigir sanciones extremas.

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Política para dummies: En política, la debilidad es una derrota.

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