El dilema hacendario de Michoacán
Michoacán: rehén fiscal de la Federación
La autonomía de un Estado se mide, en buena medida, por su capacidad para generar ingresos propios. Michoacán, sin embargo, vive en una dependencia crónica: más del 92 % de sus ingresos provienen de transferencias federales, mientras que su recaudación local apenas rebasa los 7 800 millones de pesos. En términos simples, el gobierno estatal se comporta como un hogar que vive de remesas: no produce lo suficiente para sostener su propio gasto.
El intento de modernizar con el programa Gobierno Digital —migración a la nube, pagos vehiculares en línea, ahorro de 200 millones anuales en infraestructura— merece reconocimiento. Pero la paradoja es cruel: se duplicó la recaudación sobre una base enana. La modernización no alcanza para revertir una estructura que condena al estado a la subordinación.
La dependencia genera dos efectos perversos. El primero, vulnerabilidad política: cada retraso o recorte en las participaciones golpea la nómina magisterial, la seguridad o la salud. El segundo, anemia estratégica: Michoacán carece de recursos para cofinanciar proyectos, negociar inversiones o atender emergencias sin estirar la mano a la Federación.
La única salida es un pacto fiscal interno: ampliar la base contributiva, actualizar impuestos cedulares, fortalecer el combate a la evasión y generar confianza ciudadana mediante gasto transparente. Sin una reforma estatal seria, Michoacán seguirá siendo rehén del centro, incapaz de decidir su propio destino.Municipios atados de manos: predial y agua, la deuda pendiente
Municipios atados de manos: predial y agua, la deuda pendiente
La precariedad municipal en Michoacán no es un secreto: calles destruidas, alumbrado deficiente, fugas de agua interminables. La raíz es clara: los municipios no logran cobrar ni el 70 % de su potencial en predial y agua. El resultado es devastador: apenas $ 1 500 millones por predial y $ 1 200 millones por agua, cifras irrisorias para 113 municipios.
A ello se suma la rigidez del gasto: más del 70 % del presupuesto municipal se destina a nómina, dejando un escuálido 30 % para servicios e infraestructura. No sorprende, entonces, que los alcaldes vivan en permanente crisis financiera y con mínima capacidad de respuesta.
El círculo vicioso se refuerza con la cultura del no pago. Los ciudadanos esperan condonaciones de fin de año, los catastros siguen desactualizados desde hace décadas y el agua se percibe como servicio gratuito. El costo lo pagan todos: sin recursos no hay obra, sin obra no hay confianza, y sin confianza nadie paga.
La salida exige tres pasos claros: (1) modernizar catastros y padrones con tecnología digital; (2) ordenar la nómina mediante austeridad y control ciudadano y (3) reformar la Ley de Coordinación Fiscal para elevar la participación municipal del 4 % al 8 %. Recaudar más, gastar mejor y redistribuir con justicia: sólo así los municipios dejarán de ser espectadores pasivos de su propio deterioro.La nómina magisterial: Sísifo en tierras michoacanas
La nómina magisterial: Sísifo en tierras michoacanas
Si hubiera que elegir un símbolo del colapso financiero en Michoacán, sería la nómina magisterial. Año tras año, como Sísifo empujando su piedra, el estado destina más del 65 % de los salarios docentes con recursos propios, acumulando un déficit superior a los $ 3 000 millones anuales.
El origen está en los convenios extralegales firmados desde los años setenta con sindicatos, que inflaron la nómina más allá de lo que la Federación reconocía. El resultado: una nómina imposible de sostener, financiada con créditos y retrasos en otros pagos.
La promesa de federalizar la nómina —que el gobierno federal absorba directamente los pagos— parecía una solución. Pero se convirtió en un laberinto: sindicatos exigen aumentos de hasta 100 %, la Federación desconfía de plazas irregulares y el censo laboral avanza con lentitud. El gobernador admite que el tema “sigue sobre la mesa”, pero no hay certeza.
Mientras tanto, los maestros estatales viven en incertidumbre, los alumnos en suspensiones recurrentes y el estado hipotecado al déficit. La verdad incómoda es que federalizar sin depurar la nómina es trasladar el problema, no resolverlo. Se necesita un censo público, eliminación de plazas irregulares y homologación de prestaciones. Sólo entonces podrá negociarse con la Federación de tú a tú.
De lo contrario, Michoacán seguirá condenado a repetir el mito de Sísifo: empujar su nómina cuesta arriba, solo para verla rodar hacia abajo al año siguiente.
