Defendiendo lo indefendible e irrelevante

El poder no siempre puede definir la agenda de la discusión pública. A veces, un acontecimiento fortuito o fuera de control termina por imponerse. La aspiración de la autoridad es establecer el tema y la narrativa. En eso ha estado el país durante más de una semana. Las autoridades sostienen que el gobierno de Estados Unidos mintió sobre el secuestro y traslado de El Mayo Zambada. Sin embargo, el gobierno deja de lado lo verdaderamente importante: quién asesinó ese mismo día al diputado electo Melesio Cuén, enemigo político del gobernador Rubén Rocha Moya y potencial sucesor. La protección oficial al mandatario sinaloense termina por condenarlo, pues le niega la oportunidad de demostrar su inocencia; se expone a defenderse en EU.

Los hechos del 25 de julio de 2024 marcaron un punto de quiebre en la relación bilateral. El entonces presidente López Obrador sospechó que se trataba de un operativo encubierto del gobierno estadounidense. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pasó de favorito a maldito. La presidenta revivió el caso a partir de un adelanto incómodo del libro del exembajador y de la decisión del FBI de prestar la aeronave utilizada en los hechos a un modesto museo ubicado en un pequeño aeropuerto. Para el gobierno y la FGR fue prueba que desmentía la versión de los estadounidenses: no era nuestro avión, no era nuestro piloto, no era nuestro operativo. Una tesis reiterada, ahora, por el propio exembajador.

Es posible que la presidenta y sus estrategas hayan decidido reactivar el asunto como mecanismo de defensa frente al ámbito judicial. Con ello buscan reforzar la tesis de que la causa del gobierno no consiste en proteger a los actuales y futuros incriminados por la justicia penal estadounidense, sino defender la soberanía nacional. Es decir, sostienen que el FBI y otras agencias actúan ilegalmente en territorio mexicano y que corresponde al gobierno defender el interés nacional. La presidenta ha insistido en ese argumento; sin embargo, no logra convencer porque su versión es discutible y elude el punto central: la responsabilidad legal de Rocha Moya en los acontecimientos y, particularmente, el homicidio de Melesio Cuén, así como el encubrimiento del crimen por la fiscalía estatal, una conducta que la propia FGR ha considerado delictiva.

Si la presidenta Sheinbaum o sus estrategas hubieran contado con toda la información, el manejo del asunto sería distinto: hubiese procedido a enviar una nota diplomática solicitando información o una aclaración sobre el destino temporal de la aeronave. No existe ningún hecho fehaciente ni declaración oficial que acredite lo que la mandataria y la FGR dan por sentado. No hay pruebas; existe únicamente una interpretación periodística sin fuente identificable, precisamente el tipo de periodismo que la presidenta cuestiona.

Resulta grave el descuido presidencial al imputar, sin sustento, que el gobierno estadounidense mintió sobre los hechos. Más delicada es la evidencia de incompetencia de las autoridades mexicanas y la fundada sospecha de una protección deliberada al gobernador Rocha Moya durante casi dos años. Es indefendible que el piloto fuera enviado entre las personas deportadas ilegalmente por este gobierno. Probablemente las autoridades ignoraban que fue quien trasladó a El Mayo; sin embargo, sí sabían que era el piloto de los Los Chapitos. Precisamente ahí radica la mayor gravedad del caso: un descuido elemental. El episodio compromete al Gabinete de Seguridad y a la FGR, no sólo por incompetencia o negligencia, sino que revela la decisión de no investigar, de no esclarecer los hechos y, en consecuencia, se sostiene la versión del gobierno estadounidense: un operativo ejecutado por Los Chapitos, con su piloto y su aeronave.

La presidenta Sheinbaum, pese a su indignación, queda atrapada por la evidencia que ella misma puso en la mesa: no se investigó por decisión del poder para proteger al gobernador. Ni siquiera se profundizó, como era obligado, en lo que la propia FGR ya había establecido: el encubrimiento por las autoridades locales del homicidio del diputado Melesio Cuén.

Por si fuera poco, en medio del desastre el gobierno termina validando involuntariamente la pax narca que prevalecía antes del secuestro de El Mayo. Ahora responsabiliza a Estados Unidos de la violencia desatada tras aquellos acontecimientos, una manera de defender la impunidad implícita en la política de “abrazos, no balazos”, en otras palabras, el capo era la garantía de paz pública.