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QUEENS, Nueva York, EU, 24 de julio de 2026.- Las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en las que pidió al Gobierno federal ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, generaron opiniones mayoritariamente favorables entre los residentes consultados en un vox populi realizado en la ciudad. Aunque varios respaldaron públicamente el pedido, otros prefirieron hablar fuera de cámara por temor a posibles represalias.
Sabiha Tufail dijo estar de acuerdo con la postura del alcalde y sostuvo que Netanyahu debe responder ante la justicia internacional.
"Si la Corte Penal Internacional declara que debe ser arrestado, creo que debe serlo", afirmó.
También reconoció que Mamdani no cuenta con la autoridad necesaria para ordenar esa detención y expresó su deseo de que el Gobierno federal actúe.
Mamdani había prometido durante su campaña ordenar el arresto de Netanyahu si ingresaba a Nueva York, pero esta semana admitió que la ciudad carece de autoridad legal independiente para ejecutar la orden.
El alcalde pidió entonces al Gobierno federal que Estados Unidos se incorpore a la Corte Penal Internacional y haga cumplir la decisión del tribunal. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI, y el presidente Donald Trump aseguró que Netanyahu no será arrestado mientras se encuentre en territorio estadounidense.
Otro residente, que no proporcionó su nombre, expresó un respaldo absoluto a Mamdani y acusó al Gobierno israelí de cometer graves abusos tanto en Gaza como durante sus acciones militares en la región. También cuestionó el impacto económico que, a su juicio, tienen para Estados Unidos los conflictos respaldados por Washington. "Creo que tiene que ir a la cárcel", declaró.
Un tercer entrevistado, identificado únicamente como Q, evitó revelar su nombre completo, pero fue directo en su respuesta:
"Netanyahu es un criminal de guerra. Merece estar en prisión", indicó.
Al ser consultado sobre las visitas del primer ministro israelí a Nueva York y otras ciudades estadounidenses, afirmó que no debería permitírsele desplazarse libremente mientras exista una orden internacional en su contra.
Al menos otras tres personas consultadas compartieron una opinión similar fuera de micrófono: consideraron que cualquier dirigente buscado mediante una orden de arresto internacional debería ser detenido. Sin embargo, rechazaron aparecer ante la cámara o dar sus nombres porque temen consecuencias laborales o sociales por expresar públicamente una postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina.
La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.
Los jueces consideraron que existían motivos razonables para atribuirles responsabilidad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos, el uso del hambre como método de guerra y ataques contra la población civil. Netanyahu y las autoridades israelíes rechazan las acusaciones y cuestionan la jurisdicción del tribunal.
Las declaraciones de Mamdani provocaron una reacción inmediata del embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien le respondió que había sido elegido para atender a los neoyorquinos y no para difundir, según sus palabras, "propaganda de Hamás". Danon calificó posteriormente la propuesta como una maniobra política, mientras Netanyahu acusó al alcalde de intentar desviar la atención de los problemas de su administración.
El pedido de Mamdani también contrasta con la política del Gobierno de Trump hacia la justicia internacional. En febrero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta al bloqueo de bienes y a restricciones migratorias contra funcionarios de la CPI involucrados en investigaciones de ciudadanos estadounidenses o de aliados como Israel.
La administración también sancionó a jueces del tribunal y a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, a quien acusó de promover acciones legales contra funcionarios y empresas estadounidenses e israelíes. Albanese y diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado estas medidas como un intento de intimidar a quienes investigan posibles violaciones del derecho internacional.




