Reducen alcance de ICE en Nueva York y amplían protección a migrantes

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 28 de mayo de 2026.- El Presupuesto Promulgado del año fiscal 2027 incorpora un amplio paquete de leyes destinado a proteger a los neoyorquinos frente a prácticas agresivas de ICE y a reforzar la responsabilidad de las fuerzas del orden federales.

Las medidas reorientan el trabajo policial hacia delitos locales, blindan derechos constitucionales y establecen nuevas salvaguardas en escuelas, agencias públicas y espacios sensibles.

En un comunicado, la administración de la gobernadora Kathy Hochul explica que la iniciativa prohíbe que policías estatales y locales, gobiernos municipales y sistemas correccionales celebren acuerdos 287(g) o convenios similares que permitan usar personal o instalaciones locales para tareas de inmigración civil.

También impide que los gobiernos locales financien, faciliten o modifiquen la zonificación para construir centros de detención migratoria sin participación pública.

Otra disposición prohíbe que agentes estatales, locales o federales usen mascarillas durante interacciones con el público, salvo equipo táctico o protección médica. Las violaciones intencionales serán infracciones y las reincidencias, delitos menores.

El paquete crea además un mecanismo estatal para que los neoyorquinos puedan demandar a funcionarios federales, estatales o locales por violaciones constitucionales, ampliando un derecho que hasta ahora estaba limitado por la legislación federal.

Las nuevas reglas también restringen el uso de recursos públicos, incluidos empleados, instalaciones y datos, para actividades de inmigración civil.

Se prohíbe investigar o interrogar a personas únicamente por motivos migratorios sin una orden judicial federal, así como compartir información personal o permitir acceso a áreas no públicas de edificios estatales o escolares.

Las autoridades de inmigración tampoco podrán ingresar a lugares sensibles, como escuelas, hospitales, bibliotecas, refugios, centros comunitarios o residencias, sin una orden judicial. La protección se extiende a centros privados como templos, guarderías y alojamientos.

Finalmente, el paquete garantiza el derecho de todo estudiante a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio, y prohíbe prácticas de recopilación o divulgación de datos que puedan disuadir a estudiantes indocumentados de ejercer ese derecho.