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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 3 de septiembre de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, entregó más de 6 millones de dólares en restituciones y créditos de compra a neoyorquinos que pagaron anticipos por apartamentos en un edificio de condominios en Brooklyn, pero que se quedaron sin sus hogares o sin su dinero durante años. Una investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) reveló que 425 Marcy, LLC y su director, Ezra Unger, vendieron unidades ilegalmente y cobraron anticipos a los compradores en el 427 de Marcy Avenue, en Williamsburg, antes de que la OAG aceptara el plan de oferta requerido para el registro del edificio. Luego, el promotor utilizó ilegalmente los anticipos de los compradores para cubrir diversos gastos, en lugar de mantener el dinero en un fideicomiso, como exige la ley. Como resultado de la investigación de la fiscal general James, Unger acordó reembolsar a los compradores, quienes pueden recuperar la totalidad de sus depósitos con intereses adicionales o destinar ese dinero a la compra de sus unidades originales una vez que se complete la construcción bajo un nuevo plan de oferta y por parte de un nuevo promotor. Unger también pagará 824 mil dólares en multas y tendrá prohibido vender valores en Nueva York durante seis años.
“Cuando los neoyorquinos entregan sus ahorros, fruto de un arduo esfuerzo, para el pago inicial de una vivienda, ese dinero no es una alcancía que los promotores puedan saquear”, afirmó la fiscal general James en un comunicado de prensa. “Este promotor infringió la ley al recibir dinero de las familias antes de que se le permitiera legalmente vender estas viviendas, y luego las dejó esperando durante años sin ningún resultado. Mi oficina seguirá exigiendo responsabilidades a los promotores y luchando para que los neoyorquinos recuperen su dinero”.
Según la Ley Martin de Nueva York, los promotores de condominios deben presentar un plan de oferta a la Oficina del Fiscal General (OAG) y obtener su aprobación para su registro antes de poder comercializar o vender unidades. La ley también exige que los promotores depositen los anticipos de los compradores en una cuenta de depósito en garantía separada y mantengan el dinero allí hasta que se complete la venta. Estas protecciones ayudan a garantizar que los compradores puedan recuperar su dinero si un proyecto de condominio no se lleva a cabo.
La OAG inició su investigación tras recibir una denuncia de que el promotor había celebrado contratos con compradores a pesar de que la OAG nunca había aceptado el plan de oferta del edificio para su presentación. La investigación reveló que el promotor había celebrado contratos para 17 unidades residenciales, tres unidades comerciales y tres espacios de estacionamiento residencial, y que había recaudado un total de seis 715 millones de dólares en depósitos de los compradores residenciales. Ninguno de los anticipos se depositó en la cuenta de depósito en garantía requerida. En cambio, el promotor utilizó el dinero para la construcción y otros fines.
El proyecto se complicó aún más por una serie de problemas legales y financieros. El promotor fue demandado por otras partes que alegaron, entre otras cosas, que no era el propietario del edificio y que había defraudado a sus verdaderos dueños. En enero de 2023, se presentó una solicitud de quiebra contra el promotor. Como parte del procedimiento de quiebra, Unger perdió su participación en la empresa y, finalmente, el edificio se vendió a 33 Walton Holdings, LLC, el nuevo promotor del condominio. El caso de quiebra concluyó en abril de 2025.
Según el acuerdo alcanzado por el fiscal general James, los compradores de las unidades residenciales pueden optar por desistir de la compra y recibir la devolución de su pago inicial original más los intereses, o bien aplicar ese monto como crédito para la compra de la misma unidad una vez que se acepte la presentación del nuevo plan de oferta. Los compradores que sigan interesados en adquirir su unidad también contarán con protecciones adicionales si el nuevo precio de compra es superior al precio de su contrato original. El nuevo promotor debe reembolsar o proporcionar el crédito a los compradores dentro de los siete días hábiles posteriores a que la OAG acepte la presentación del nuevo plan de oferta.
Además, Unger debe pagar hasta 824 mil dólares en multas: 324 mil dólares por vender unidades y espacios de estacionamiento antes de que se aceptara la presentación del plan de oferta, y 500 mil dólares por no depositar en garantía los pagos iniciales de los compradores. Unger también tiene prohibido comercializar, ofrecer en venta o vender valores en Nueva York o desde allí durante seis años. Unger también ha reconocido que infringió la Ley Martin y la Ley Ejecutiva 63(12).
Este asunto fue manejado por el Jefe de Cumplimiento de la Oficina de Finanzas Inmobiliarias, Louis M. Solomon, y la ex Fiscal General Adjunta, Michelle M. Yong. La Oficina de Finanzas Inmobiliarias está dirigida por la jefa de la Oficina, Jacqueline Dischell, y forma parte de la División de Justicia Social, supervisada por la primera fiscal general adjunta, Meghan Faux.




