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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 17 de marzo de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó un llamado conjunto con legisladores estatales y organizaciones de consumidores y trabajadores para aprobar el Paquete de Precio Justo, una iniciativa que busca prohibir que empresas utilicen datos personales para fijar precios individualizados a los compradores.
Según el documento, esta práctica, conocida como precio de vigilancia o fijación algorítmica, permite que dos personas paguen montos distintos por el mismo producto en el mismo momento.
El paquete incluye dos proyectos de ley que buscan limitar el uso de datos personales y tecnologías que permiten modificar precios en tiempo real:
Legisladores como Michael Gianaris, Rachel May, Michaelle Solages y Emérita Torres respaldaron la propuesta, argumentando que estas prácticas pueden derivar en discriminación económica y afectar de forma desproporcionada a personas mayores, familias de bajos ingresos y residentes rurales.
El documento explica que plataformas digitales recopilan miles de datos sobre cada usuario, hábitos de compra, ingresos, horarios de actividad e incluso cuánto tiempo se posa el cursor sobre un producto, para alimentar algoritmos que calculan el precio máximo que cada consumidor estaría dispuesto a pagar.
Un estudio citado en el texto encontró que el 74 por ciento de los productos de alimentación vendidos en línea se ofrecían simultáneamente a distintos precios, en algunos casos hasta cinco valores diferentes para el mismo artículo.
Además de encarecer productos, la tecnología de precios dinámicos también amenaza empleos en supermercados, ya que las etiquetas electrónicas podrían reemplazar tareas realizadas por trabajadores. Organizaciones como UFCW Local 1500, RWDSU y AARP Nueva York advirtieron que estas prácticas vulneran la privacidad, elevan los costos y reducen la transparencia en el mercado.
El Paquete de Precio Justo permitiría a consumidores y a la Oficina del Fiscal General presentar demandas civiles contra empresas que utilicen precios de vigilancia. Los proyectos ya fueron introducidos en el Senado y la Asamblea, y la fiscal general James afirmó que trabajará con los líderes legislativos para que la iniciativa se convierta en ley.




