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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 30 de octubre de 2026.- La Universidad de Cornell, en Nueva York, firmó un acuerdo para que la Policía estatal pueda investigar las denuncias de agresión sexual ocurridas en su campus, en medio de las críticas por su actuación ante un presunto ataque sexual grupal contra una estudiante en 2024.
El acuerdo, anunciado el jueves 29 de octubre, permite que las personas sobrevivientes que decidan iniciar un proceso penal elijan si la investigación queda a cargo de la Policía estatal o del Departamento de Policía de Cornell.
La medida forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad universitaria, mejorar la atención a las víctimas y recuperar la confianza en las instituciones, después de las denuncias presentadas por una antigua estudiante identificada como Jane Doe.
Cornell informó que las investigaciones realizadas por la Policía estatal serán independientes de la universidad y que sus autoridades colaborarán cuando sea necesario, incluida la preservación y entrega de pruebas y registros conforme a la legislación aplicable.
La institución precisó que esta modalidad no elimina la posibilidad de acudir a otras autoridades ni obliga a las sobrevivientes a presentar cargos penales. La decisión de recurrir a las fuerzas del orden y el momento para hacerlo permanecen bajo su control.
El caso que motivó la controversia se remonta a octubre de 2024, cuando Jane Doe denunció haber sido agredida sexualmente por siete estudiantes en una vivienda de la fraternidad Chi Phi. En septiembre de 2026 presentó una demanda civil contra los señalados y la universidad, a la que responsabilizó de no atender adecuadamente los hechos.
La gobernadora Kathy Hochul designó el 1 de octubre a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial para investigar el caso.
James afirmó: "Todo neoyorquino merece saber que cuando denuncia un delito, será investigado de forma completa y justa".
Por su parte, la Fiscalía General de Nueva York asumió la investigación después de que Hochul cuestionara la actuación de las autoridades universitarias y la decisión inicial de no presentar cargos penales. El 28 de septiembre, la Fiscalía del condado de Tompkins anunció que volvería a examinar la investigación.
La controversia también llegó al Senado del Profesorado de Cornell, que inició el 29 de octubre una votación electrónica sobre una resolución de censura contra la administración central. El proceso concluirá el 6 de noviembre y cuestiona la capacidad de las autoridades universitarias para atender la crisis de agresiones sexuales.




