Invalidan ley de NY que buscaba sancionar a empresas energéticas

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de septiembre de 2026.- El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York determinó que el Estado no puede aplicar responsabilidad objetiva a empresas energéticas por su presunta contribución a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La decisión invalida la Ley Superfund del Cambio Climático, que pretendía recaudar miles de millones de dólares de compañías nacionales y extranjeras dedicadas a la extracción y refinación de combustibles fósiles.

La norma había sido impugnada por una coalición de estados y organizaciones comerciales, que alegaron que la ley estaba presentada por la Ley Federal de Aire Limpio y por el poder federal en asuntos exteriores, además de violar la Constitución. Tras consolidarse el caso con otra demanda similar, el Departamento de Justicia presentó una declaración de interés y expuso argumentos en apoyo de los demandantes.

El tribunal coincidió con esas objeciones y concluyó que Nueva York no puede regular unilateralmente cuestiones ambientales de alcance global, pues esa facultad corresponde al gobierno federal.

La sentencia señala que la Ley Superfund del Cambio Climático es incompatible con la legislación federal y con la autoridad del Ejecutivo en materia de política exterior.

Funcionarios del Departamento de Justicia destacaron que la decisión respalda la directiva presidencial de limitar leyes estatales que afecten el desarrollo energético nacional.

Según la agencia, la norma de Nueva York habría impuesto cargas económicas de hasta 75 mil millones de dólares a empresas energéticas durante un periodo de emergencia energética.

El gobierno federal también ha presentado demandas en tribunales del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito de Vermont para impugnar leyes similares. En ambos casos, sostiene que estas normas están preemptadas por la Ley de Aire Limpio, interfieren con la política exterior y violan la Constitución.

El Departamento de Justicia solicita que se declaren inconstitucionales y que se emitan órdenes judiciales que impidan su aplicación.