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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 27 de julio de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, instó al Congreso a adoptar regulaciones más estrictas en el mercado de criptomonedas para proteger a consumidores e inversores de estafas que, según su oficina, generan pérdidas de miles de millones de dólares cada año.
El planteamiento fue presentado en un testimonio escrito ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado.
James advirtió que la Ley de Claridad, actualmente en consideración legislativa, limitaría la capacidad de los estados para investigar y sancionar fraudes con activos digitales, debilitando el trabajo de la Oficina del Fiscal General (OAG). En Nueva York, las denuncias por estafas con criptomonedas se han triplicado en los últimos tres años, y las pérdidas reportadas a la OAG superan los cientos de millones de dólares.
La fiscal general recordó que su oficina ha liderado acciones contra plataformas que incumplieron la ley estatal o no protegieron a los inversores, incluyendo casos contra Tether, Coin Café, Gemini, Genesis y KuCoin. También destacó medidas recientes contra esquemas fraudulentos y operaciones ilegales que afectaron a miles de residentes.
James pidió al Congreso fortalecer la transparencia en los mercados digitales para evitar fraudes, lavado de dinero y financiamiento de actores criminales o extranjeros.
Señaló que el anonimato de ciertas criptotransacciones dificulta verificar declaraciones financieras de funcionarios electos y detectar posibles sobornos o conflictos de interés.
Entre las medidas que la fiscal general propone se encuentran exigir a las plataformas el cumplimiento de normas contra el blanqueo de capitales, establecer mercados cerrados para impedir la participación de entidades no conformes, prohibir la conversión a dólares de criptomonedas no rastreables y mantener la aplicación de leyes existentes sobre transmisión de dinero, valores y materias primas.
También plantea obligar a las plataformas a realizar vigilancia para detectar manipulación y responsabilizar financieramente a las empresas que no protejan a los usuarios.
James reiteró que la supervisión estatal es esencial para la integridad del mercado y pidió al Congreso aprobar una legislación que refuerce la protección a los inversores y la seguridad financiera del país.




