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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 16 de octubre de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a otros 16 fiscales estatales para pedir al Congreso de Estados Unidos que apruebe una segunda ley de transparencia sobre los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, con el objetivo de garantizar el acceso a los documentos y la rendición de cuentas por posibles incumplimientos en su divulgación.
En una carta dirigida a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, la coalición respaldó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein II (EFTA II), una iniciativa que busca corregir las deficiencias de la legislación original, que obligaba al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar los registros de la investigación antes del 19 de diciembre de 2025, explica un comunicado de prensa.
Según la carta, el gobierno federal divulgó solo una parte de los documentos antes de la fecha límite y las publicaciones posteriores fueron insuficientes. Millones de archivos continuarían retenidos, mientras que información personal de al menos 43 víctimas quedó expuesta en los documentos publicados.
“Como máxima autoridad policial de Nueva York, es mi deber hacer cumplir la ley y buscar justicia para las víctimas de crímenes”, afirmó James.
La fiscal general sostuvo que el acceso completo a los registros es necesario para garantizar la transparencia y esclarecer los hechos relacionados con los delitos de Epstein.
Congress passed the Epstein Files Transparency Act to ensure accountability and transparency, but the federal administration has failed to release records. I'm urging Congress to pass new legislation to ensure full disclosure of the facts and to get justice for the survivors.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) October 15, 2026
La EFTA II propone establecer un procedimiento judicial acelerado para que fiscales generales estatales, funcionarios autorizados, sobrevivientes y miembros del Congreso puedan demandar al fiscal general federal por retener, retrasar o censurar ilegalmente documentos.
Además, contempla otorgar a los sobrevivientes acceso a los registros relacionados con ellos y los daños sufridos, limitar el uso de ciertos privilegios legales para impedir la divulgación y establecer sanciones federales para funcionarios que oculten, destruyan o retengan indebidamente archivos cuya publicación sea obligatoria.
Los fiscales estatales también señalaron que necesitan acceso a los expedientes sin censura para investigar y procesar delitos dentro de sus jurisdicciones, mientras que las víctimas continúan reclamando acceso a sus propios registros.
La iniciativa cuenta con el respaldo de fiscales generales de Arizona, California, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además de Nueva York.




