Enfrenta salvadoreño 18 años de cárcel tras admitir violación en NY
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 19 de noviembre de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra los propietarios y operadores de un antiguo hotel Holiday Inn en Rochester, su contratista de remodelación y la empresa matriz IHG Hotels & Resorts, por presuntamente explotar a decenas de trabajadores inmigrantes mediante trabajo forzado, robo de salarios y amenazas de deportación.
De acuerdo con una investigación de la Fiscalía General (OAG), los empleados eran obligados a trabajar hasta 112 horas semanales, en ocasiones sin recibir pago, y vivían junto con sus familias en habitaciones inhabitables, sin calefacción, electricidad ni agua corriente, describe un comunicado de prensa.
La demanda señala al contratista Roman Petrik y al propietario del establecimiento, Nayan Patel, por presuntamente retener salarios durante meses y amenazar a los trabajadores con llamar a las autoridades migratorias (ICE) cuando reclamaban su dinero.
Un empleado que tenía un acuerdo de pago de 18 dólares por hora habría trabajado aproximadamente 68 horas semanales durante 29 semanas. Aunque le correspondían unos 30 mil 506 dólares, Petrik supuestamente solo le entregó dos mil 200 dólares.
La investigación también documentó presuntas agresiones sexuales contra una trabajadora por parte de Petrik, quien supuestamente utilizó el pago de sus salarios como mecanismo de coerción.
James afirmó que IHG conocía las condiciones de explotación, pero continuó beneficiándose de la remodelación. Según la demanda, representantes de la compañía visitaron el hotel en junio de 2024 y recibieron directamente las denuncias de los empleados sobre los salarios pendientes y las amenazas de deportación.
“Una empresa que se considera líder en la lucha contra la trata de personas no puede ignorar cuando los empleados de su propio hotel piden ayuda”, declaró James.
La fiscal general busca recuperar los salarios adeudados, obtener indemnizaciones y multas, además de impedir que los acusados continúen operando sus negocios en Nueva York.
Irene Sánchez, directora ejecutiva de Enlace Services, destacó que los trabajadores necesitaron apoyo comunitario para denunciar los abusos y pidió mantener los servicios locales separados de las funciones de control migratorio del ICE.
La demanda fue presentada ante la Corte Suprema del estado de Nueva York, en el condado de Monroe. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial y deberán ser examinadas por el tribunal.




