Demanda fiscal de NY a Trump por restricciones a Medicaid

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de junio de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar una nueva norma federal que, según afirma, pondría en riesgo la cobertura médica de cientos de miles de beneficiarios de Medicaid con enfermedades graves, discapacidades, problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la acción judicial fue promovida junto con una coalición integrada por otros 24 estados y el Distrito de Columbia, al considerar que las nuevas disposiciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) imponen barreras administrativas que podrían dejar sin atención médica a personas en situación de vulnerabilidad.

"Los neoyorquinos que luchan contra el cáncer, viven con una discapacidad, padecen una enfermedad mental grave o se recuperan de una adicción deberían poder acceder a la atención médica que necesitan sin verse abrumados por el papeleo", declaró James.

La fiscal agregó que "esta norma crearía obstáculos innecesarios para algunos de nuestros vecinos más vulnerables y pondría a miles de neoyorquinos en riesgo de perder una cobertura médica vital. Mi oficina siempre luchará para proteger Medicaid y garantizar que todos los neoyorquinos puedan recibir la atención que necesitan".

Actualmente, el programa Medicaid brinda cobertura a aproximadamente 6.4 millones de personas en Nueva York, entre ellas niños, adultos mayores, personas con discapacidad, familias de bajos ingresos y personas con enfermedades graves.

De ese universo, cerca de 1.9 millones de adultos de bajos ingresos podrían verse afectados por los nuevos requisitos laborales y por verificaciones de elegibilidad más frecuentes.

De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH), al menos 475 mil beneficiarios podrían perder su cobertura debido a la combinación de los nuevos requisitos laborales y los procesos adicionales de verificación. La dependencia también estima que la población sin seguro médico podría aumentar hasta en 45 por ciento, al pasar de un millón a cerca de 1.45 millones de personas.

La demanda sostiene que, aunque el Congreso estableció excepciones para personas con condiciones médicas graves, discapacidades y trastornos por consumo de sustancias al aprobar la legislación en 2025, la reglamentación emitida por la administración Trump impone requisitos adicionales que no fueron contemplados en la ley.

Según la coalición demandante, la nueva normativa obligaría a muchos beneficiarios a demostrar mediante trámites adicionales que sus condiciones de salud les impiden cumplir con los requisitos laborales, incrementando el riesgo de perder la cobertura por razones meramente administrativas.

Los estados también argumentan que la norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo al ser arbitraria, contraria a la legislación federal y emitida sin valorar adecuadamente el impacto que tendría sobre los gobiernos estatales y millones de beneficiarios.

La coalición solicita al tribunal suspender la aplicación de las disposiciones impugnadas mientras se resuelve el litigio y, posteriormente, declararlas inválidas.

Además de Nueva York, en la demanda participan los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.