Defiende El Salvador ante ONU transformación de seguridad liderada por Bukele

MANHATTAN, Nueva York, EU, 28 de septiembre de 2026.- La ministra de Asuntos Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, afirmó este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país logró transformar en siete años una realidad marcada durante décadas por la violencia de las pandillas, y presentó la seguridad, la educación y la tecnología como pilares de una nueva etapa de desarrollo. 

Hill Tinoco sostuvo que durante años El Salvador fue identificado con una violencia que parecía imposible de revertir.

“Durante décadas, mi país fue conocido por una realidad que parecía imposible de cambiar. Las entrañas de la violencia penetraron profundamente en nuestra sociedad”, dijo, antes de atribuir el cambio político iniciado en 2019 al liderazgo del presidente Nayib Bukele. 

La canciller aseguró que el país pasó de registrar 103 homicidios por cada 100 mil habitantes a 1.3 por cada 100 mil habitantes, una reducción que, según afirmó, convirtió a El Salvador en “uno de los casos de referencia y más observados internacionalmente en materia de seguridad”.

Para Hill Tinoco, el cambio no puede medirse únicamente en estadísticas.

“Hay una madre que ya no teme que su hijo regrese a casa. Hay un comerciante que puede abrir su negocio. Hay un trabajador que puede recorrer su ciudad. Hay un niño que puede jugar en una calle que antes no le pertenecía”, expresó. “Eso es lo que realmente significa recuperar la seguridad. No significa únicamente reducir el delito. Significa devolverle espacio a la libertad”. 

La ministra vinculó además la mejora de la seguridad con la recuperación de la confianza y la actividad económica. Citó al Fondo Monetario Internacional para señalar que la economía salvadoreña “crecerá un 4,5 por ciento en 2026, impulsada por la inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y la entrada de capitales”.

Educación y tecnología como siguiente etapa

Hill Tinoco afirmó que la seguridad no constituye el objetivo final del Gobierno, sino “el punto de partida”.

“En El Salvador hemos colocado la educación en el centro de nuestra transformación nacional, porque creemos que transformar una escuela es, en última instancia, transformar una vida”, sostuvo. 

Mencionó el programa Dos Escuelas por Día, destinado a renovar la educación pública desde la primera infancia hasta la educación media. 

La canciller también destacó la modernización del sistema de salud y la incorporación de herramientas digitales, además del papel que el Gobierno atribuye a la inteligencia artificial.

“Nuestros esfuerzos de país están concentrados en convertir seguridad en inversión; inversión en empleo; empleo en movilidad social; tecnología en oportunidades; educación en capacidades y estabilidad en prosperidad”, afirmó. 

En ese contexto, recordó que El Salvador lidera junto con Estonia un diálogo global sobre gobernanza de inteligencia artificial. Según Hill Tinoco, el país considera que esta tecnología debe utilizarse para “ampliar capacidades y crear oportunidades para construir entornos capaces de competir en el futuro”.

La funcionaria sostuvo que la experiencia salvadoreña demuestra que seguridad, desarrollo y dignidad están vinculados.

“Sin seguridad, el desarrollo se vuelve frágil. Sin desarrollo, la seguridad difícilmente puede ser sostenible. Y sin dignidad, ninguno de los dos tiene verdadero sentido”, afirmó. 

La representante del país centroamericano cerró su intervención asegurando que, en un periodo de siete años, El Salvador ha recuperado “su seguridad, sus espacios, su confianza y su dignidad”, y defendió la soberanía del país como un principio no negociable. “Nuestra soberanía no se negocia. Nuestra soberanía no se toca”, expresó. 

Amnistía Internacional cuestiona el costo del modelo de seguridad

La visión presentada por el Gobierno salvadoreño contrasta con las conclusiones de Amnistía Internacional, que sostiene que el régimen de excepción instaurado para combatir a las pandillas derivó en detenciones arbitrarias masivas, suspensión prolongada de garantías y por ende en graves violaciones de derechos humanos. 

Según la organización, más de 90 mil personas han sido detenidas y al menos 470 han muerto bajo custodia estatal desde el inicio de la medida. 

Amnistía Internacional afirma que ha documentado patrones de tortura, desapariciones forzadas, detenciones sin suficiente evidencia y debilitamiento del debido proceso que, según su análisis, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

“La seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de la organización.