Valora AARP en 58 mil mdd anuales el cuidado familiar en Nueva York
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de marzo de 2026.- La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentó una demanda civil contra el sistema hospitalario New York-Presbyterian por imponer restricciones contractuales que, según las autoridades, encarecen la atención médica y limitan la capacidad de los neoyorquinos para acceder a planes de salud más económicos.
La acción legal, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, acusa al mayor sistema hospitalario de la ciudad de violar la Sección uno de la Ley Sherman al utilizar su posición dominante para impedir que aseguradoras, empleadores y sindicatos ofrezcan planes de bajo costo, explica un comunicado publicado por el Departamento de Justicia.
Se trata del segundo caso del año en el que la División Antimonopolio actúa para reforzar la competencia en el sector sanitario.
“Millones de neoyorquinos pagan más por la atención médica debido a estas prácticas anticompetitivas”, afirmó la fiscal general Pamela Bondi. Añadió que el Departamento de Justicia continuará trabajando para garantizar que los estadounidenses reciban atención de calidad sin enfrentar costos desproporcionados.
El fiscal general adjunto interino, Omeed A. Assefi, señaló que New York-Presbyterian ha utilizado su poder de mercado para proteger sus márgenes y frenar la competencia de hospitales rivales, impidiendo el desarrollo de planes más asequibles. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, destacó que el alto costo de la atención médica es una preocupación constante para los residentes del estado.
Según la demanda, New York-Presbyterian impone cláusulas que prohíben a las aseguradoras ofrecer planes que no incluyan a la red del sistema hospitalario o que no la ubiquen en el nivel más favorable del plan.
También impide que se establezcan copagos más bajos para quienes opten por recibir atención en hospitales competidores, generalmente más económicos. Estas prácticas, sostiene el Departamento de Justicia, aíslan al sistema hospitalario de la competencia en precios y obstaculizan la creación de alternativas más accesibles para los neoyorquinos.




