Ordenan detener obras en proyecto policial de South Bound Brook

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de octubre de 2026.- El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) ordenó suspender las actividades de la empresa 3 J's Masonry Corp., con sede en Waldwick, por presuntas infracciones laborales durante la construcción del edificio de Seguridad Pública y del Departamento de Policía de South Bound Brook.

La orden fue emitida el 16 de octubre de 2026 por investigadores de la División de Cumplimiento de Salarios y Horas. Según el organismo estatal, seis trabajadores están afectados por las presuntas irregularidades relacionadas con el pago de salarios y el cumplimiento de las normas laborales, explica un comunicado de prensa.

Entre las infracciones señaladas figuran el incumplimiento del salario vigente para obras públicas, la falta de presentación de nóminas certificadas ante la entidad pública, la ausencia de registro, el pago tardío o la falta de pago de salarios, la clasificación incorrecta de empleados y trabajadores de la construcción, así como el incumplimiento del salario mínimo.

3 J's Masonry Corp. participaba en el proyecto como subcontratista, contratada por Suliman Construction LLC, con sede en Clifton. El contratista principal de la obra es G. Meyer Group Inc., de Brielle.

“Los proyectos de obras públicas deben ser un ejemplo de prácticas laborales justas, no socavarlas”, declaró Joseph Petrecca, comisionado adjunto de Cumplimiento de Salarios y Horas. “Cuando los contratistas escatiman en gastos pagando menos a los trabajadores, no solo perjudican a las familias, sino que también comprometen la integridad de los proyectos públicos y obtienen ventajas injustas sobre los contratistas que cumplen la ley”, agregó.

El NJDOL informó que ha emitido 234 órdenes de paralización de obras desde julio de 2019, cuando se ampliaron sus facultades para detener actividades que incumplan las leyes laborales estatales.

Los empleadores pueden apelar estas órdenes. En ese caso, el departamento debe programar una audiencia en un plazo de siete días. Además, puede imponer multas civiles de hasta cinco mil dólares diarios a quienes continúen operando en contra de la orden.

La suspensión puede levantarse una vez que se hayan pagado los salarios pendientes y las multas correspondientes, y se hayan resuelto los asuntos relacionados con las infracciones.

El organismo también recomienda consultar su registro de contratistas de obras públicas antes de adjudicar contratos públicos, con el objetivo de evitar retrasos y costos adicionales.