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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 19 de octubre de 2026.- Los desafíos regulatorios, los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión fueron algunos de los temas abordados durante una audiencia de la Comisión AST de la Asamblea de Nueva Jersey, encabezada por el asambleísta Chris Tully.
Entre los participantes estuvieron expertos de universidades y del sector tecnológico, incluidos representantes de Meta, la Universidad de Princeton, la Universidad Rutgers y el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey, quienes ofrecieron sus perspectivas sobre el impacto que la inteligencia artificial tiene en la vida cotidiana y los retos que plantea para legisladores y organismos reguladores.
Durante la sesión, especialistas coincidieron en que el rápido avance de la IA exige mayores medidas de supervisión y evaluación independiente.
Entre las propuestas destacadas figuró el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las oficinas estatales encargadas de investigar posibles daños relacionados con estas tecnologías.
También se discutieron los riesgos asociados con modelos avanzados de inteligencia artificial. Algunos participantes señalaron que, a medida que estas herramientas ganen capacidad, podrían surgir consecuencias no previstas por sus propios desarrolladores, lo que refuerza la necesidad de implementar salvaguardas técnicas y operativas más robustas.
Otro de los temas centrales fue el uso de imágenes generadas mediante IA y los llamados deepfakes. Los expertos explicaron que, aunque muchas de estas tecnologías operan desde diferentes partes del mundo, los estados pueden intervenir cuando los daños afectan directamente a sus residentes, especialmente en casos que involucren a menores de edad o vulneraciones a la privacidad.
El fundador del Laboratorio de Ética de la IA de Rutgers, Nathan Walker, sostuvo que la inteligencia artificial debe entenderse no solo como una herramienta tecnológica, sino como un ecosistema con efectos amplios sobre la sociedad. Según explicó, este enfoque permitiría evaluar mejor las implicaciones sociales, económicas y culturales de estas tecnologías.
Walker también planteó que la regulación de la inteligencia artificial debe ir más allá del cumplimiento mínimo de las leyes existentes y considerar principios relacionados con la dignidad humana, la privacidad, la autonomía y la protección de derechos fundamentales.
Como parte de sus recomendaciones, propuso explorar mecanismos para que las políticas públicas y futuras legislaciones promuevan la protección de las personas frente a posibles abusos o consecuencias perjudiciales derivadas del uso de sistemas de inteligencia artificial.
La audiencia formó parte de los esfuerzos de la Asamblea estatal para examinar el desarrollo de estas tecnologías y evaluar posibles medidas que permitan equilibrar la innovación con la protección de los ciudadanos.




