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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 24 de agosto de 2026.- La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, cuestionó este lunes la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite a la administración del presidente Donald Trump avanzar con partes de una orden ejecutiva que busca modificar las reglas del voto por correo antes de las elecciones de medio término de noviembre.
“Esta es una terrible decisión de la Corte Suprema de Trump”, afirmó Sherrill en un mensaje.
La gobernadora sostuvo que los estados son responsables de organizar las elecciones y aseguró que hará “todo lo posible” para proteger el voto por correo y presencial de los habitantes de Nueva Jersey.
Orlando, Florida
Grace Stephanie Calero Cabanilla, 39, and her daughter Giulianna Mía Carriel Calero, 19. Another car comes into their lane. The car rolls. They go to HCA Florida Poinciana with Grace in a neck brace.
The sister, Gia, says ICE walked into the ER, interviewed… pic.twitter.com/OEU1sYwafc
— Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 22, 2026
La Corte Suprema, en una votación de 6-3, concedió una solicitud de emergencia del gobierno federal y levantó una medida judicial que impedía avanzar con determinadas disposiciones de la orden ejecutiva. Sin embargo, la decisión no resolvió de manera definitiva la constitucionalidad de las medidas y permanece vigente otra orden judicial que bloquea parte de su aplicación a nivel nacional.
La orden de Trump, emitida el 31 de marzo mediante la Orden Ejecutiva 14399, instruye al gobierno federal a desarrollar listas estatales de ciudadanos elegibles y establece nuevas condiciones para el manejo y envío de boletas por correo a través del Servicio Postal.
El litigio fue iniciado por 23 estados y grupos de derechos electorales, que argumentan que el presidente carece de autoridad constitucional para imponer unilateralmente esas reglas a los estados. El proceso judicial continuará mientras se determina el alcance de la orden antes de las elecciones de noviembre.
En Nueva Jersey, Sherrill ya había advertido en abril que defendería el sistema estatal de votación por correo y que la Constitución reserva a los estados un papel central en la administración electoral.




