Culpan a 2 hombres por asesinato y abuso de bebé en Reino Unido
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 15 de junio de 2026.- El juez Juan Carlos Peinado determinó enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, acusados por presunto tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios.
En la audiencia preliminar, la parte acusadora, liderada por la organización HazteOir, solicitó imponer medidas restrictivas para la esposa del mandatario español, que incluyen comparecencias quincenales, la prohibición de salir del territorio nacional y la inhabilitación temporal para administrar su marca empresarial.
La determinación respecto a estas restricciones quedó en pausa porque no existió una solicitud formal de prisión provisional en la mesa del magistrado. Con este paso concluye la instrucción del caso, donde la autoridad judicial sostiene en sus escritos que las conductas investigadas "provienen de palacios presidenciales", apuntando a una supuesta relación de intereses forjada en el Palacio de la Moncloa que habría beneficiado profesionalmente a la acusada y multiplicado la cuenta de resultados del empresario implicado.
Las defensas, en contraste, propusieron la práctica de nuevas pruebas y denunciaron una constante indefensión a lo largo del proceso.
Las representaciones legales mantienen la petición de archivar la causa o dictar la libre absolución, argumentando que la vinculación formativa en la Universidad Complutense antecede al mandato gubernamental actual, al haber iniciado en el año 2012.
En este sentido, el Ministerio Público cuestionó los indicios presentados, señalando que la acusación particular demanda 24 años de cárcel basándose en una mera relación conyugal, un escenario calificado por la Fiscalía como una trama sin beneficio económico comprobado.




