Investigan al expríncipe Andrés por presunta conducta sexual inapropiada

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 25 de mayo de 2026.- El panorama jurídico que afronta el hermano del rey Carlos III dio un giro drástico al confirmarse que las indagaciones oficiales ya no se limitan a posibles delitos de corrupción o abuso de funciones públicas.

Actualmente, la Policía de Thames Valley expandió el caso para abarcar acusaciones de agresiones sexuales que presuntamente ocurrieron durante el periodo en que Andrés, el exduque de York, mantenía un vínculo estrecho con Jeffrey Epstein.

Los testimonios recientes apuntan a episodios específicos, entre los cuales sobresale el relato de una mujer que afirma haber sido trasladada a Windsor en el año 2010 con objetivos de explotación, coincidiendo con la época en que el investigado fungía como enviado comercial de Reino Unido.

La revisión de los expedientes también incorporó una denuncia por comportamientos impropios ocurridos en el festival hípico Royal Ascot durante el año 2002. Frente a este escenario, los mandos policiales hicieron un llamado público con la intención de alentar a potenciales testigos o víctimas a suministrar datos sobre fraudes, filtraciones o delitos de índole sexual.

Es importante recordar que las pesquisas en territorio europeo se desarrollan en coordinación con agencias de Estados Unidos, un factor logístico que, según las estimaciones de los investigadores, extenderá el proceso por varios meses debido al complejo intercambio de documentación transatlántica.

La presión sobre el entorno de la corona británica aumentó significativamente tras la detención temporal del exmiembro de la realeza en febrero pasado, fecha en la que fue interrogado por espacio de 11 horas antes de que se procediera al registro de sus propiedades en Norfolk y Windsor.

A raíz de este escándalo, el Palacio de Buckingham optó por marcar un distanciamiento estricto a través de declaraciones del monarca en favor de la labor judicial. De igual modo, las determinaciones tomadas a finales del año anterior forzaron al investigado a abandonar su residencia oficial en un intento de la monarquía por salvaguardar la institucionalidad frente a los constantes cuestionamientos en los tribunales de EU y Europa.