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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 16 de marzo de 2026.- El Gobierno de Ecuador inició este domingo 15 de marzo una fase intensiva de operaciones conjuntas con apoyo logístico y estratégico de Estados Unidos para enfrentar a grupos criminales vinculados al narcotráfico, en medio de una crisis de violencia que ha convertido al país en uno de los más afectados de América Latina.
El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la acción como una ofensiva muy fuerte y advirtió que se ha impuesto un toque de queda nocturno desde las 23 a las 5 horas en las provincias más golpeadas: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, para facilitar el despliegue militar y policial.
35 mil efectivos de @PoliciaEcuador desplegados en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Listos por 🇪🇨.
A las mafias: se les acabó su tiempo.
Nada nos detiene. pic.twitter.com/q2vP6CSG73
— John Reimberg (@JohnReimberg) March 15, 2026
Las autoridades han movilizado miles de efectivos, vehículos blindados y helicópteros, y aunque no se han detallado todas las acciones, se informó que ya se atacaron campamentos vinculados a organizaciones señaladas por inteligencia ecuatoriana cerca de la frontera con Colombia.
Estados Unidos inauguró además su primera Oficina Federal de Investigación (FBI) en Ecuador, con agentes que trabajarán de forma permanente con la policía local para investigar crímenes organizados, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en un esfuerzo que amplía la cooperación bilateral.
Según el Gobierno ecuatoriano, cerca del 70 por ciento de la cocaína proveniente de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales, transita por rutas ecuatorianas hacia mercados internacionales, lo que ha impulsado estas operaciones conjuntas.
La escalada de violencia y la respuesta estatal forman parte de un conflicto más amplio con bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos, que dominan rutas de tráfico y han multiplicado homicidios, extorsiones y secuestros en los últimos años.
A pesar del respaldo externo, el Gobierno reconoce que los desafíos de seguridad persisten y que la coordinación con socios internacionales será clave para debilitar las estructuras delictivas en el largo plazo.




