Anula Tribunal Supremo veto al castellano en escuelas de Cataluña

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 13 de julio de 2026.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dictaminado la nulidad de una orden administrativa emitida por el Departamento de Educación en 2022, la cual restringía el uso del castellano en carteles y señalética de centros públicos y concertados en Cataluña.

Esta resolución responde al recurso interpuesto por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, invalidando el criterio previo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que validaba dicha regulación. La normativa, implementada para el curso 2022-2023, obligaba a que la rotulación fuera exclusivamente en catalán, occitano o lengua de signos, relegando al castellano únicamente a producciones elaboradas por los propios alumnos.

El fallo judicial, alineado con la postura de la Fiscalía, sostiene que el proceso educativo trasciende los límites físicos de las aulas o el contenido de los libros de texto. El Alto Tribunal argumenta que la configuración de los espacios escolares constituye el entorno formativo donde se moldean valores y pautas de comportamiento, por lo que la señalización no puede considerarse un elemento ajeno a la instrucción.

Bajo esta premisa, el tribunal destaca que la exclusión lingüística en las instalaciones altera la visión integral que debe transmitirse a los estudiantes, ya que la lengua empleada en el mobiliario educativo posee una relevancia directa en la experiencia pedagógica diaria.

La resolución fundamenta su decisión en el estatus del castellano como lengua oficial en toda España, estipulado en la Constitución. Los magistrados concluyen que el veto resultaba incompatible con el marco legal, al impedir la comunicación efectiva entre los poderes públicos y la ciudadanía en edificios administrativos.

Esta sentencia refuerza el principio de igualdad de trato en materia lingüística, prohibiendo la marginación del castellano en cualquier dependencia educativa dentro de la comunidad autónoma, al considerar que tal exclusión vulnera los derechos garantizados por la carta magna del país.