Arrestan en NY a hispanos por fraude migratorio
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de febrero de 2026.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) colaboró en una investigación que derivó en una acusación formal de cinco cargos y en el arresto de cuatro personas por presunto fraude migratorio.
De acuerdo con información de un comunicado de prensa, los detenidos enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios estadounidenses, incluidos agentes de inmigración. La acusación fue parcialmente desclasificada por el Distrito Este de Nueva York, según anunció el fiscal federal.
Tres de los acusados, Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty mientras intentaban abordar vuelos hacia Colombia.
Marlyn Yulitza Salazar Pineda fue detenida en un restaurante de Nueva Jersey. Un quinto acusado permanece fuera de custodia estadounidense. Daniela, Jhoan y Marlyn están bajo libertad condicional de inmigración; Alexandra cuenta con visa de turista. Los tres primeros son hermanos.
Según la acusación, los detenidos operaban un bufete ficticio denominado CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria, donde se presentaban como abogados de inmigración. Reclutaban clientes principalmente a través de Facebook, cobrando honorarios de cientos a miles de dólares por asesorías y servicios legales inexistentes. Ninguno está autorizado para ejercer la abogacía en Estados Unidos.
Los acusados enviaban documentos falsos que simulaban resoluciones de casos reales y organizaban audiencias simuladas por videoconferencia, donde se hacían pasar por jueces, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y abogados de inmigración.
Las víctimas proporcionaban información personal sensible creyendo que sus procedimientos estaban siendo legalmente tramitados.
En algunos casos, las víctimas no comparecieron a sus audiencias reales y al menos una recibió una orden de deportación que luego fue revocada. La investigación ha documentado más de 100 mil dólares en pagos fraudulentos a los acusados y sus cómplices.
Los cargos son acusaciones formales; los detenidos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Cada uno podría enfrentar hasta 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
