Publican documentos con la denuncia contra vicepresidenta de la CIDH

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 7 de septiembre de 2026.- El medio argentino Siete24 difundió documentos judiciales que detallan la denuncia penal presentada contra Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presuntos delitos vinculados a abuso de autoridad y corrupción administrativa.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 10.

La denuncia solicita investigar a Pochak por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino.

El caso tomó relevancia tras una audiencia de la CIDH celebrada el 12 de marzo en Guatemala, donde un exsubsecretario de Derechos Humanos afirmó que Argentina permaneció “en absoluta indefensión” durante años en procesos ante el organismo.

Uno de los señalamientos centrales apunta al llamado caso Catella, en el que Pochak habría intervenido pese a haber trabajado previamente en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que impulsó la petición ante el sistema interamericano.

Los denunciantes sostienen que esa situación configuraría un conflicto de intereses y que la funcionaria debió excusarse formalmente.

La denuncia también cuestiona su gestión entre 2019 y 2023, cuando Pochak se desempeñó como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.

Según funcionarios de la actual administración, alrededor de 30 kilos de documentación relevante para la defensa del Estado argentino ante la CIDH no habrían sido remitidos durante ese período. No existe, sin embargo, prueba judicial de que Pochak ordenara ocultar información.

Pochak, quien fue directora adjunta del CELS entre 2002 y 2011, rechaza las acusaciones y sostiene que nunca actuó como representante del Estado argentino en expedientes en los que hubiera participado previamente desde la sociedad civil.

Hasta el momento, la denuncia no cuenta con una sentencia ni con determinaciones judiciales sobre responsabilidad penal. El caso, no obstante, coloca bajo escrutinio a una de las principales autoridades de un organismo que exige estándares de independencia y transparencia a los gobiernos de la región.