Investigan presunta red de tráfico de niños haitianos en Chile

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 18 de junio de 2026.- El Ministerio Público de Chile indaga una presunta red de trata de personas enfocada en el ingreso irregular de infantes y adolescentes procedentes de Haití. Las averiguaciones preliminares apuntan a la llegada de unos 200 menores en vuelos especiales durante el primer cuatrimestre del año pasado, acompañados por adultos que se hicieron pasar por tutores legales sin parentesco real.

El titular de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, advirtió que la cantidad de víctimas identificadas podría incrementarse de forma drástica en el corto plazo.

El funcionario judicial manifestó que en sus proyecciones iniciales prefirió mantener un margen moderado, reconociendo públicamente que "fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200 (niños), pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación".

Las líneas de investigación criminal también evalúan el comportamiento de personal en diversas dependencias estatales que pudieron facilitar la entrada de los viajeros bajo esquemas simulados de reunificación familiar.

Las fiscalías revisan las operaciones internas del Registro Civil, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones para establecer si existieron omisiones de funciones o la entrega de prebendas económicas a empleados públicos.

Buscan rastrear a los menores

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló que las brigadas operativas mantienen como prioridad absoluta la localización de los afectados, cuyo destino final permanece desconocido. Las leyes de ese país sancionan de manera severa las conductas vinculadas a la explotación y movilización ilegal de infantes en condiciones de desamparo, por lo que las autoridades buscan rastrear el origen de los recursos utilizados para el financiamiento de las aeronaves.

El mandatario chileno, José Antonio Kast, calificó el escenario como un hecho de máxima gravedad para el país. Frente a esta situación, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró que la postura del Ejecutivo se centrará en aportar todas las facilidades logísticas a las instituciones judiciales, desestimando la intención de generar confrontaciones de carácter político con la administración gubernamental precedente.

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