Dicta tribunal dominicano histórica condena a altos mandos militares

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 16 de junio de 2026.- La justicia de República Dominicana dictó sentencias de hasta 20 años de prisión contra altos mandos de las fuerzas armadas que resultaron responsables de un fraude multimillonario que afectó el erario por un monto superior a los cuatro mil 500 millones de pesos.

El dictamen definitivo, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional después de una sesión de lectura de fallo que se extendió por casi 12 horas, desmanteló una red de corrupción gubernamental que operó activamente entre los años 2012 y 2020. Las investigaciones ministeriales comprobaron que los involucrados utilizaban las estructuras de seguridad oficial para desviar recursos públicos mediante esquemas ilícitos de nóminas adulteradas.

Los principales implicados en la estafa institucional desempeñaron funciones clave dentro de la administración del expresidente Danilo Medina. El mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, y el general Juan Carlos Torres Robiou, antiguo jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, recibieron las penas máximas de 20 años junto al coronel Rafael Núñez de Aza.

El mecanismo delictivo consistía en registrar personas que cobraban sueldos sin trabajar para que los fondos terminaran en manos de la cúpula. Este entramado corporativo y financiero fue desarticulado originalmente en el año 2021 a través de los operativos denominados Coral y Coral 5G.

La resolución judicial también afectó al general Julio Camilo De los Santos Viola, sentenciado a 15 años de reclusión por su papel como subdirector del organismo de protección presidencial, además de dictaminar condenas secundarias para otros 29 acusados y ordenar la disolución de las compañías asociadas.

Al concluir la audiencia de madrugada, el procurador adjunto Wilson Camacho calificó el resultado del proceso ante los medios de comunicación como "ejemplar e histórica", argumentando que el castigo penal envía una señal contundente en el combate a la impunidad en la nación caribeña. El veredicto fija un precedente aduanero y de fiscalización de recursos que impactará las estructuras de defensa en la región y en el resto de Estados Unidos.