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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 2 de abril de 2026.- La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport se unió a una coalición de 18 estados para presentar una demanda contra la decisión de la Administración Trump de derogar los estándares que limitan la cantidad de mercurio y otros contaminantes tóxicos que las centrales eléctricas pueden liberar al medio ambiente.
Según la demanda, la medida pone en riesgo la salud pública, especialmente la de los niños.
“Cada vez que miras, la Administración Trump nos está llevando hacia atrás, y esta vez el problema es la cantidad de mercurio y otros tóxicos que permitimos en el aire y en nuestra agua”, afirmó Davenport. “Los caprichos ideológicos nunca deberían anular la protección de la salud de nuestros hijos”.
El mercurio es una neurotoxina altamente peligrosa, con efectos severos para mujeres embarazadas y niños. La exposición prenatal puede causar daños permanentes en el desarrollo y trastornos neurológicos, como convulsiones, pérdida de visión y audición o retrasos cognitivos. En adultos, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y disfunciones autoinmunes. La contaminación por mercurio también afecta a las economías locales dependientes de la pesca comercial y recreativa.
Un estudio de 2001 reveló que alrededor del 13 por ciento de las mujeres embarazadas en Nueva Jersey tenían niveles inseguros de mercurio. Debido a esta situación, el estado fue uno de los primeros en regular las emisiones de mercurio en cuerpos de agua y plantas eléctricas.
El pasado mes, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) revocó los estándares más recientes que regulaban las emisiones de mercurio y otros contaminantes tóxicos, como arsénico, plomo y formaldehído, provenientes de centrales eléctricas, permitiendo niveles más altos de estas sustancias peligrosas en el aire.
Los estados sostienen que la derogación es ilegal porque la no presentó una justificación adecuada ni consideró los avances en prácticas y tecnologías de control. La coalición solicita al tribunal que declare la norma ilegal y la revoque.
Davenport se unió a los fiscales generales de Arizona, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin, así como al fiscal del condado de Harris (Texas), al fiscal general de Illinois Kwame Raoul y al fiscal general de Minnesota Keith Ellison, quienes codirigieron la iniciativa.




