Decretan estado de excepción en Ecuador por crisis de violencia criminal
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de enero de 2026.- El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, oficializó la declaratoria de estado de excepción en nueve de las 24 provincias del país debido a una grave conmoción interna. La medida responde al incremento desmedido de homicidios vinculados a organizaciones del narcotráfico, en un contexto donde la nación sudamericana enfrenta una disputa territorial entre bandas con nexos internacionales.
La disposición presidencial tendrá una vigencia de 60 días y abarca principalmente el litoral ecuatoriano, incluyendo Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo. De igual forma, la normativa alcanza a la provincia andina de Pichincha, la amazónica Sucumbíos y localidades específicas en Cotopaxi y Bolívar. El informe oficial justifica la intervención tras contabilizar más de 1.200 muertes violentas únicamente entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre.
Bajo este régimen especial, los elementos de seguridad están autorizados para ejecutar allanamientos de forma inmediata. Esta potestad se aplicará siempre que existan indicios sobre el paradero de integrantes de estructuras criminales o el almacenamiento de arsenales, explosivos y sustancias ilícitas. La prioridad operativa se concentra en la provincia de Guayas, zona que registra la mayor densidad de crímenes en el periodo evaluado por las autoridades.
Datos del Ministerio del Interior confirman que el país cerró el 2025 con cifras históricas de criminalidad, superando los 8.300 asesinatos registrados entre enero y noviembre. La escalada de violencia ha posicionado al territorio como uno de los puntos más críticos de la región, derivado de los enfrentamientos por el control de rutas y logística del tráfico de drogas hacia mercados extranjeros.
Las unidades de inteligencia militar y policial mantendrán despliegues constantes en los sectores bajo restricción para intentar contener la operatividad de los grupos armados organizados. El decreto busca frenar la tendencia al alza de los delitos contra la vida que han marcado el cierre del año previo y el inicio del actual periodo administrativo.
