Condenan a octogenario por fraude de visas y explotación laboral

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 29 de junio de 2026.- Un hombre de 82 años fue condenado a un año de detención domiciliaria por cometer fraude de visas y explotar laboralmente a seis trabajadores originarios de Filipinas, informó la Fiscalía de Estados Unidos.

Ángel Paras Cruz Jr. también deberá cumplir tres años de libertad condicional, pagar una multa de 15 mil dólares, una cuota de evaluación especial de 300 dólares y restituir 28 mil 273.31 dólares a las víctimas, según detalla un comunicado de prensa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

La investigación contó con el apoyo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), cuyos especialistas en Detección de Fraude y Seguridad Nacional colaboraron durante más de un año con diversas agencias federales para documentar las irregularidades cometidas por Cruz y las empresas bajo su control.

“Este caso sirve como un excelente ejemplo de la sólida relación que mantiene el USCIS con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”, afirmó el portavoz del USCIS, Zach Kahler.

El funcionario destacó que la coordinación entre dependencias permitió llevar el caso ante la justicia.

“Gracias a la cooperación y coordinación interinstitucional continua, pudimos llevar este caso a una conclusión exitosa y responsabilizar a este mal actor por el fraude de visas. Este resultado subraya nuestro compromiso inquebrantable de fortalecer el sistema de inmigración estadounidense”, añadió.

De acuerdo con la investigación, entre agosto de 2023 y enero de 2024, Cruz trasladó a seis ciudadanos filipinos a las Islas Marianas del Norte mediante el programa de visas para trabajadores transitorios CW-1.

Para obtener las autorizaciones migratorias presentó información falsa al USCIS y al Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre salarios, jornadas laborales, funciones y condiciones de empleo.

Una vez que los trabajadores llegaron al territorio estadounidense, el sentenciado incumplió los contratos, los obligó a laborar horas extras —incluidas noches y fines de semana— sin remuneración, los mantuvo en condiciones de vivienda degradantes y les confiscó sus pasaportes mediante amenazas e intimidación.

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Garth R. Backe y fue investigado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y el USCIS.

Las autoridades estadounidenses recordaron que cualquier sospecha de fraude o abuso relacionado con beneficios migratorios puede ser denunciada ante el USCIS mediante los canales oficiales.