Condena EU a último implicado en trama de tráfico de migrantes

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 17 de julio de 2026.- El ciudadano guatemalteco Tomás Quino Canil, de 38 años, se declaró culpable de cargos federales de tráfico de personas vinculados al accidente de un tráiler ocurrido en diciembre de 2021 en Chiapas, México, donde viajaban al menos 160 migrantes y que dejó más de 50 muertos, incluidos menores no acompañados, según el comunicado publicado por la fiscalía.

Con su admisión, los seis acusados en el caso han reconocido su participación en la conspiración para introducir migrantes desde Guatemala hacia Estados Unidos.

Quino Canil, extraditado en 2025, admitió que conspiró con otros traficantes para trasladar a adultos y menores desde Guatemala, a través de México, hasta territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia señaló que la tragedia ocurrió por el “desprecio insensible de estos criminales por la seguridad de hombres, mujeres y niños”, según declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.

El fiscal federal Aaron Reitz afirmó que los acusados “metieron a más de 150 inmigrantes ilegales en un remolque como si fueran carga”, y afirmó que su oficina continuará persiguiendo a quienes se beneficien del tráfico de personas. HSI también destacó que el caso evidencia “los peligros extremos y las devastadoras consecuencias” de tratar vidas humanas como mercancía.

La investigación determinó que los migrantes pagaban a los traficantes para ser trasladados a Estados Unidos.

Uno de los co-conspiradores facilitó la liberación de extranjeros durante la política de libertad condicional de la administración anterior, proporcionando guiones falsificados para que adultos y menores supieran qué decir a autoridades migratorias.

El 9 de diciembre de 2021, los acusados organizaron el traslado de más de 150 migrantes en un tráiler que posteriormente se estrelló cerca de Tuxtla Gutiérrez, causando muertes y lesiones graves. Quino Canil se declaró culpable de conspiración para traer e intentar traer a un inmigrante ilegal, poniendo en peligro la vida y resultando en muerte. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua; la sentencia será determinada por un juez federal.

Los otros cinco acusados, Daniel Zavala Ramos, Josefa Canil De Zavala, Alberto Macario Chitic, Oswaldo Manuel Zavala Quino y Jorge Agapito Ventura, también se declararon culpables entre abril y julio de 2026.

El caso fue investigado por múltiples oficinas de HSI en Estados Unidos, Guatemala y México, con apoyo de CBP, USBP, autoridades locales y fiscales federales. La persecución forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), dedicada a combatir redes de tráfico de personas operadas por cárteles y organizaciones criminales transnacionales.