De norte a sur
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 5 de enero de 2026.- El Consejo Federal de Suiza inmovilizó de manera inmediata los capitales de Nicolás Maduro y de 35 colaboradores cercanos, ante el escenario de inestabilidad generado por su reciente aprehensión en Caracas y traslado a Estados Unidos.
Esta medida preventiva, fundamentada en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos (FIAA), busca impedir el desvío de recursos públicos hacia cuentas extranjeras. La lista de afectados abarca desde exministros y gestores de patrimonio como Pedro Binaggia, hasta los tres hijastros del exmandatario, Walter Jacob, Yossel Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores, aunque el documento oficial excluye de estas restricciones a su hijo biológico, Nicolás Maduro Guerra.
Las indagatorias coordinadas con las autoridades de la nación norteamericana han expuesto un estilo de vida que distaba del discurso oficial, caracterizado por el uso frecuente de relojes de alta gama de las marcas Rolex y Hublot, valorados en miles de dólares, junto a trajes de confección exclusiva.
Expertos financieros consideran que la riqueza acumulada por la cúpula revolucionaria es incalculable; proyecciones conservadoras sugieren que el patrimonio personal de Maduro podría superar los 500 millones de dólares tras décadas en el poder. El control absoluto sobre los ingresos petroleros de Venezuela facilitó la conformación de una estructura de corrupción cuya magnitud real apenas comienza a vislumbrarse con los bloqueos bancarios en Europa.
El rastro de la fortuna se extiende a propiedades de lujo y bienes suntuarios detectados en regiones como República Dominicana, donde la justicia ha ubicado mansiones, aeronaves privadas, caballos de paso y vehículos de colección por un valor cercano a los 700 millones de dólares.
Estas cifras representan apenas una fracción de un esquema de malversación mayor, evidenciado en casos como el desvío de 23 mil millones de dólares vinculado a las ventas de crudo durante la crisis venezolana. El bloqueo suizo mantendrá una vigencia de cuatro años, periodo en el cual se buscará acreditar el origen ilícito de estos fondos para su eventual restitución en beneficio de la población civil.