Apelará Fiscalía dictamen que exime de prisión a Wander Franco en RD

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de mayo de 2026.- El Ministerio Público anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución de un tribunal colegiado de Puerto Plata, la cual declaró culpable al pelotero Wander Franco por el delito de abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente, pero le concedió un perdón judicial que lo exime de pisar la cárcel.

Los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán explicaron que esperarán la notificación del documento íntegro para formalizar la impugnación de esta sentencia que dejó libre de condena física al deportista en la República Dominicana, una nación que mantiene estrechos vínculos deportivos con Estados Unidos.

Durante este mismo procedimiento legal, los juzgadores José Ramón Núñez, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz dictaron una pena de 10 años de prisión para Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor de edad involucrada. La mujer deberá cumplir la sanción penal en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, al quedar demostrada su responsabilidad en los delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.

Asimismo, la autoridad judicial instruyó el decomiso de múltiples bienes que se aseguraron en el transcurso de las investigaciones, incluyendo un terreno en Villa Montellano, un automóvil reciente, así como 68 mil 500 dólares y 800 mil pesos en efectivo.

La postura del órgano acusador se mantiene firme bajo el argumento de que el cúmulo de evidencias documentales, periciales y testimoniales presentadas a lo largo del debate jurídico resultaron contundentes para demostrar los cargos.

El panorama contrasta con un fallo previo dictado en el año 2025, donde el parador en corto recibió una condena de dos años con suspensión condicional de la pena. Para esta nueva revisión del caso ordenada por la Corte de Apelación, las autoridades judiciales mantuvieron la culpabilidad, aunque modificaron el esquema del castigo, pese a que la fiscalía solicitaba originalmente una reclusión efectiva de cinco años.