Se registra incendio en inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Tabasco
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 17 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Nueva Jersey presentó cargos formales contra Ibelis González, una residente de Jersey City, de 46 años, acusada de utilizar documentos de identidad falsificados para obtener tarjetas de débito y sustraer más de 86 mil dólares de cuentas bancarias pertenecientes a seis víctimas.
La acusación incluye un cargo de robo por engaño en segundo grado, otro de suplantación de identidad también en segundo grado y un tercer cargo por delitos relacionados con documentos gubernamentales falsos, considerado de tercer grado, detalla un comunicado de la fiscalía
La fiscal general Jennifer Davenport señaló que la acusada habría utilizado identidades ajenas para acceder a fondos bancarios.
Destacó que los delitos de robo de identidad generan pérdidas económicas y afectan gravemente la vida de las víctimas. La directora de la División de Justicia Penal, Theresa Hilton, recordó la importancia de proteger la información personal y revisar con frecuencia los estados financieros.
Según la investigación, entre el 14 de mayo y el 10 de junio de 2024, González habría acudido a varias sucursales de Citizens Bank en Nueva Jersey, donde presentó identificaciones falsas para solicitar tarjetas de débito vinculadas a las cuentas de las víctimas. Con esas tarjetas, realizó retiros presenciales por unos 60 mil 500 dólares y efectuó transacciones adicionales en cajeros automáticos y compras con débito, alcanzando un total de 86 mil 840 dólares retirados.
El 10 de junio, empleados de una sucursal en Irvington alertaron a la policía cuando la acusada intentó obtener otra tarjeta utilizando un documento de Massachusetts que llevaba su fotografía, pero estaba a nombre de una víctima. Los agentes confiscaron la identificación, que fue catalogada como falsa.
Los delitos de segundo grado pueden implicar hasta 10 años de prisión estatal y multas de hasta 150 mil dólares. Los cargos de tercer grado conllevan penas de hasta cinco años de cárcel y multas de hasta 15 mil dólares.
El caso está a cargo del fiscal general adjunto Joseph W. Tartaglia, de la Oficina de Fraudes y Decomisos.




