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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 19 de octubre de 2026.- Un exabogado de inmigración de Providence, Rhode Island, se declaró culpable de fraude electrónico y evasión fiscal en un tribunal federal, tras admitir que defraudó a clientes al cobrar por servicios legales que no prestó y ocultó obligaciones tributarias entre 2019 y 2023.
Joseph Molina-Flynn, de 43 años, quien ejerció en Rhode Island y Massachusetts, reconoció haber cobrado aproximadamente 98 mil dólares a clientes por servicios legales y gastos que no realizó. También admitió que proporcionó información falsa a algunos clientes sobre el estado de sus trámites migratorios.
De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito de Rhode Island, el abogado utilizó los fondos obtenidos mediante el fraude para mantener en funcionamiento su despacho y cubrir gastos personales, detalla un comunicado de prensa.
Molina-Flynn también reconoció que no presentó su declaración federal de impuestos sobre la renta correspondiente a 2021 y que tomó medidas para ocultar obligaciones tributarias relacionadas con los impuestos sobre la renta y la nómina. Entre ellas, utilizó la cuenta operativa de su bufete para pagar gastos personales.
Según el acuerdo de culpabilidad, las partes recomendarán que la pérdida fiscal atribuible a la evasión se sitúe entre 550 mil y menos de 1.5 millones de dólares.
Como parte del acuerdo, Molina-Flynn deberá pagar 83 mil 265 dólares en restitución a las víctimas. Además, tendrá que presentar las declaraciones federales pendientes de los años fiscales 2019 a 2023 y cubrir los impuestos adeudados, los intereses y las multas correspondientes.
La sentencia está prevista para el 17 de diciembre. El juez federal determinará la pena después de considerar las pautas de sentencia y otros factores legales.
El fraude electrónico puede castigarse con hasta 20 años de prisión federal, mientras que la evasión fiscal contempla una pena máxima de cinco años. Ambos delitos también pueden implicar multas y periodos de libertad supervisada.
La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Policía de Providence y el FBI, con asistencia de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El USCIS dispone de un formulario en línea para reportar sospechas de fraude o abuso relacionado con beneficios migratorios.




