Revela USCIS quiénes pueden hacer el examen de ciudadanía en español
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 28 de mayo de 2026.- Una oleada de demandas colectivas emergió en los tribunales de Estados Unidos por parte de consumidores que exigen a las grandes empresas comerciales la devolución de los sobreprecios derivados de los aranceles presidenciales que la Corte Suprema de Justicia invalidó en febrero pasado.
Los recursos jurídicos cobraron fuerza después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzara a reintegrar una bolsa de hasta 166 mil millones de dólares de manera exclusiva a las corporaciones importadoras. Firmas multinacionales como la cadena de muebles Ikea y la marca de ropa deportiva Nike encabezan los primeros expedientes judiciales de ciudadanos que reclaman la restitución de ese dinero.
El fundamento de las querellas masivas radica en que los compradores terminaron pagando la factura real de los gravámenes, puesto que un informe de la Reserva Federal de Nueva York confirmó que casi el 90 por ciento de estos costos comerciales se trasladó a los precios al consumidor.
Ante la presión de las acciones legales, especialistas de la consultora WilkinGuttenPlan explicaron que el éxito de los demandantes en las cortes dependerá de auditorías técnicas que logren demostrar con precisión matemática qué porcentaje del aumento en las mercancías correspondió estrictamente al impuesto aduanero y cuánto obedeció a la inflación.
La resistencia de los consorcios a transferir los reembolsos públicos a los ciudadanos contrasta con la postura proactiva de compañías como UPS, FedEx y Costco, las cuales optaron por mitigar el descontento de sus clientes mediante rebajas directas en sus tarifas de membresía y servicios.
En este sentido, los expertos económicos de la Universidad de Nueva York sugirieron que una vía para resolver las demandas comunitarias sería que los almacenes implementaran sistemas de validación de recibos antiguos para emitir cheques de compensación. La batalla legal en el sector corporativo continuará escalando mientras los juzgados federales determinan la procedencia de las indemnizaciones solicitadas.




