Inicia DHS operativo contra migrantes por fraude al programa SNAP
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 21 de octubre de 2026.- La Administración del presidente Donald Trump aseguró haber alcanzado una reducción sin precedentes de la inmigración irregular en Estados Unidos durante sus primeros dos años de gobierno, al tiempo que destacó una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad fronteriza, acelerar las deportaciones y modificar las políticas migratorias del país.
Según un informe difundido por la Casa Blanca y agencias federales, el gobierno sostiene que la población de inmigrantes en situación irregular se redujo en al menos 2.3 millones de personas desde el inicio del segundo mandato de Trump. Además, señala que cerca de 1.2 millones de inmigrantes fueron deportados o expulsados y que se realizaron aproximadamente 1.3 millones de detenciones migratorias.
La administración también afirmó que los cruces irregulares en la frontera sur alcanzaron mínimos históricos durante el año fiscal 2026.
De acuerdo con los datos presentados, los encuentros registrados por la Patrulla Fronteriza y otras agencias disminuyeron de forma considerable en comparación con los niveles reportados durante la administración de Joe Biden.
El gobierno atribuye estos resultados a una serie de acciones implementadas desde el primer día de mandato, entre ellas la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur, el despliegue de personal militar y la reanudación de la construcción de barreras fronterizas.
Las autoridades indicaron que también fue restablecida la política conocida como Permanecer en México, se ampliaron los acuerdos de deportación con terceros países y se adoptaron nuevas medidas para limitar el ingreso de migrantes mediante distintos programas migratorios.
Del mismo modo, la administración destacó la suspensión o eliminación de diversos beneficios migratorios temporales, entre ellos programas de protección para nacionales de varios países y restricciones más estrictas para la emisión de visas.

El informe menciona un incremento en la capacidad de control migratorio dentro del país. Según el gobierno, se amplió el personal de ICE y de la Patrulla Fronteriza, aumentó la capacidad de detención de inmigrantes y se aceleró la resolución de casos en los tribunales de inmigración.
La administración también resaltó la ejecución de operativos nacionales dirigidos a la localización y detención de inmigrantes con antecedentes penales, así como la designación de varios grupos criminales y pandillas latinoamericanas como organizaciones terroristas.
Entre las medidas legislativas citadas figuran la promulgación de la Ley Laken Riley y otras iniciativas destinadas a fortalecer los recursos financieros de las agencias encargadas del control migratorio y la seguridad fronteriza.
El gobierno destacó reformas orientadas a endurecer los requisitos para ciertos programas de visas, incluidos los permisos de trabajo H-1B, las visas estudiantiles y los procesos de naturalización.
De igual forma, señaló la implementación de nuevas tarifas, requisitos de verificación y revisiones de elegibilidad para distintos beneficios migratorios, con el argumento de priorizar a los trabajadores estadounidenses y reforzar la integridad del sistema.

La administración también vinculó sus políticas fronterizas con una reducción en el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas.
Según el informe, las incautaciones de narcóticos aumentaron y las muertes relacionadas con el fentanilo mostraron una disminución durante el periodo analizado.
El gobierno señaló además que se fortalecieron las medidas contra los cárteles del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, así como los controles sobre remesas, programas federales y beneficios financiados con recursos públicos.
La Casa Blanca sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad nacional, reducir la inmigración irregular y fortalecer la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.




