Informa almirante de EU fase final de pesquisa por ataque en Irán
TRENTON, Nueva Jersey, UE, 20 de mayo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impide que los bancos concedan crédito a inmigrantes ilegales, citando preocupaciones de seguridad nacional.
La orden, que fue firmada este martes 19 de mayo, tiene como objetivo restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense, por lo que pide el fin de la transferencia de fondos transfronterizos de bajo valor.
“Mi Administración no tolerará riesgos para la seguridad nacional ni la seguridad pública causados por actividades financieras ilícitas transfronterizas, ni permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y removible”, sentenció el mandatario estadounidense en la orden.
Asimismo, expuso que la disposición de los servicios financieros más básicos, sin prácticas garantizadas de conocimiento del cliente, puede ser abusada para facilitar la financiación de actividades que suponen amenazas significativas para la seguridad nacional y pública.
“Las transferencias transfronterizas de bajo valor se han utilizado para facilitar o financiar el terrorismo, el tráfico de narcóticos, la trata de personas y otras actividades ilegales”, denunció.
Explicó el mandatario que los análisis de tendencias financieras han descubierto centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos vinculada con cárteles con sede en México, y que un análisis reciente de las redes chinas de lavado de dinero identificó cómo ciudadanos extranjeros han utilizado cuentas con sede en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, destacando la trata de personas entre las actividades asociadas a las transferencias.
“Son necesarios programas sólidos de identificación de clientes y medidas mejoradas de diligencia debida para mitigar estos riesgos”, sostuvo.
Además, la orden establece que los bancos y otras instituciones financieras deben estar atentos a los riesgos crediticios que supone la concesión de préstamos hipotecarios y de automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a personas que entraron ilegalmente en Estados Unidos y pueden ser deportadas.




