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LOS ÁNGELES, California, EU, 25 de septiembre de 2026.- El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 22 fiscales generales que se opone a una propuesta de la administración Trump para imponer un cargo de más de 100 mil dólares a determinadas solicitudes de visas H-1B, al considerar que la medida es ilegal y perjudicaría sectores como la educación y la atención médica.
La coalición presentó una carta de comentarios ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en la que argumenta que el nuevo cobro dificultaría la contratación de profesionales altamente calificados para cubrir la escasez de personal en áreas importantes, incluyendo maestros, médicos y enfermeros.
“Esta regla propuesta socavaría la capacidad de California y otros estados para garantizar que servicios esenciales como la educación y la atención médica cuenten con personal altamente capacitado”, afirmó Bonta, quien acusó a la administración federal de exceder su autoridad legal.
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