Preocupa firma de nuevo acuerdo militar entre Paraguay y EU
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 18 de marzo de 2026.- El Gobierno de los Estados Unidos anunció que, a partir del 2 de abril de 2026, ampliará su controvertido programa de bonos o fianzas de visa para ciudadanos de 50 países, como parte de su estrategia para reducir las estancias ilegales más allá de lo permitido en visas temporales B‑1 (negocios) y B‑2 (turismo).
La medida, liderada por el Departamento de Estado, exige a los solicitantes de estas visas de determinadas nacionalidades que depositen una fianza reembolsable de hasta 15 mil dólares antes de que se les otorgue la visa, explica un comunicado de prensa.
Las autoridades detallan que este valor puede variar entre cinco mil, 10 mil o 15 mil, según el análisis del oficial consular durante la entrevista.
El depósito actúa como garantía de cumplimiento: el dinero se reembolsa si el viajero cumple con los términos de su estadía y regresa a su país antes de que expire la visa, o si la solicitud es negada. Si el beneficiario se queda más tiempo del autorizado o viola las condiciones, puede perder la fianza.
El programa, que ya incluía a 38 naciones, ahora incorpora 12 nuevos países: Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesotho, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
Funcionarios del Departamento de Estado sostienen que esta política ha logrado reducir las tasas de overstay o estancias excesivas, citando que casi el 97 por ciento de las personas que participaron en el programa regresaron a tiempo a sus países de origen.
Además, argumentan que la iniciativa alivia costos a los contribuyentes estadounidenses, pues la expulsión de una persona que permanece ilegalmente puede costar más de 18 mil dólares por caso, y la reducción de esos casos representa un ahorro significativo.
La política se enmarca dentro de una postura más estricta en materia migratoria impulsada por la actual administración, que ha incluido controles más severos en visas, deportaciones y restricciones de viaje, según reportes.
Críticos de la medida, incluidos grupos de derechos humanos, han señalado que esto puede restringir el acceso legítimo de viajeros con recursos limitados y afectar la movilidad internacional, al tiempo que genera barreras económicas adicionales para visitar Estados Unidos.
El programa de bonos para visas B‑1 y B‑2 nació como un proyecto piloto temporal en 2025 para mejorar la obediencia a las reglas de inmigración, y su extensión sugiere que el gobierno estadounidense continuará ajustándolo en función de factores de riesgo migratorio y tendencias de estadía.




