Desafían 24 estados ante la justicia nuevos aranceles de Donald Trump
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 6 de marzo de 2026.- Una coalición de 24 estados presentó este jueves una demanda colectiva para frenar los nuevos gravámenes a las importaciones globales impuestos por la administración de Donald Trump. Los demandantes, encabezados por los fiscales generales de Oregón, Arizona, California y Nueva York, argumentan que el presidente de los Estados Unidos excede sus facultades al establecer impuestos del 15 por ciento a productos de gran parte del mundo.
El litigio surge tras la invocación de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una normativa diseñada originalmente para crisis financieras de décadas pasadas que, según los críticos, se encuentra obsoleta para los desafíos comerciales actuales.
La situación conllevó que la Casa Blanca, a través de su portavoz Kush Desai, defendiera la medida alegando que el mandatario ejerce la autoridad otorgada por el Congreso para corregir los graves déficits en la balanza de pagos del país.
Sin embargo, el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, advirtió que estos aranceles representan una carga económica directa para las familias estadounidenses, con un costo estimado de mil doscientos dólares anuales por hogar. Esta presión financiera afecta el poder adquisitivo para cubrir necesidades básicas como alimentos y alquiler, impactando además la estabilidad de los pequeños negocios que dependen de insumos importados.
El caso será analizado por el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York, instancia que anteriormente sugirió que la Sección 122 podría ser una herramienta válida para combatir brechas comerciales. Pese a ello, los estados demandantes insisten en que el enfoque gubernamental debería priorizar el reembolso a las empresas afectadas por aranceles previos que ya fueron invalidados por la Corte Suprema.
Mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessant, confirma que los gravámenes alcanzarán el límite máximo esta semana, la batalla legal se perfila como un enfrentamiento decisivo sobre los límites del poder ejecutivo en materia económica.
