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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de julio de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó junto con una coalición integrada por los fiscales generales de 23 estados, el Distrito de Columbia y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar nuevas condiciones impuestas al financiamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
La acción legal sostiene que el gobierno federal busca condicionar miles de millones de dólares en subvenciones destinadas a programas de seguridad pública, prevención del terrorismo, atención de desastres y protección de infraestructura crítica, obligando a los estados a respaldar políticas migratorias y cambios en sus sistemas electorales, detalla un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Nueva York.
"Los fondos para detener ataques terroristas, prevenir desastres naturales y ayudar a las comunidades a reconstruirse después de una emergencia nunca deben usarse como arma política", afirmó Letitia James.
La fiscal agregó que su oficina no permitirá que esos recursos destinados a policías, bomberos y equipos de emergencia sean utilizados "como una forma de entrometerse en nuestros sistemas electorales y amenazar a nuestras comunidades inmigrantes".
De acuerdo con la demanda, FEMA también incorporó una cláusula que permitiría cancelar subvenciones si la agencia considera que los proyectos ya no responden al denominado "interés nacional", lo que, según la coalición, otorgaría al gobierno federal facultades para retirar recursos de manera discrecional.
Nueva York recibe aproximadamente 250 millones de dólares anuales en subvenciones de FEMA. De ese monto, cerca de 60 millones financian equipos especializados en materiales peligrosos, escuadrones antibombas, programas de ciberseguridad y otras iniciativas de seguridad pública, mientras que otros 142 millones respaldan la preparación y respuesta ante emergencias.
La demanda argumenta que las nuevas condiciones violan la legislación federal, la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo, al imponer requisitos que exceden la autoridad de FEMA y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La coalición solicita a un tribunal federal declarar ilegales estas disposiciones y bloquear su aplicación.
Además de Nueva York, participan en la demanda Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.




