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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 22 de julio de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil contra las empresas chinas Cixi Miaojie Electrical Appliance Co. Ltd. y Changsha Jiayi Tianzhuo Trading Co. Ltd. para obligarlas a retirar del mercado calentadores de inmersión comercializados bajo la marca Lakkzoom, al considerar que representan un peligro inminente para los consumidores.
La acción legal, interpuesta junto con la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC), sostiene que estos dispositivos pueden sobrecalentarse y prenderse fuego en cuestión de minutos cuando permanecen total o parcialmente fuera del agua mientras están conectados, revela un comunicado de prensa.
De acuerdo con la demanda presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, los calentadores carecen de mecanismos automáticos de seguridad que apaguen el elemento calefactor al detectar temperaturas peligrosas o la ausencia de contacto con el agua, una característica presente en otros productos similares disponibles en el mercado.
La CPSC informó que recibió más de 235 reportes relacionados con incendios y que sus pruebas confirmaron el riesgo de ignición bajo determinadas condiciones. Además, el gobierno federal sostiene que más de 98 mil unidades fueron vendidas en Estados Unidos y que, desde septiembre de 2024, se documentaron al menos 137 incidentes vinculados con estos equipos, incluidos casos en los que se incendiaron bañeras, piscinas y otras superficies.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el Departamento de Justicia "no permitirá que productos peligrosos fabricados en China o en otros lugares lleguen a los consumidores estadounidenses y expongan a las familias al riesgo de lesiones graves o la muerte".
La dependencia precisó que las acusaciones deberán demostrarse durante el proceso judicial.
El caso representa la primera ocasión desde 1987 en que la CPSC recurre a la autoridad prevista en la Sección 12 de la Ley de Seguridad de Productos de Consumo para solicitar el retiro obligatorio de un producto considerado un peligro inminente, una medida reservada para riesgos excepcionales para la seguridad pública.




