Acusa Nuevo México obstrucción en pesquisa sobre el rancho de Epstein

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 9 de julio de 2026.- El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, denunció este jueves que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una postura de obstrucción respecto a la investigación estatal centrada en las actividades ilícitas de Jeffrey Epstein.

Las autoridades locales buscan acceder a archivos sin censurar que contienen identidades de sobrevivientes, testigos y posibles co-conspiradores vinculados a los abusos perpetrados durante décadas en el antiguo rancho del fallecido financiero, ubicado al sur de Santa Fe. Según lo expuesto por Torrez, la solicitud de esta documentación fue presentada formalmente en febrero, cumpliéndose ya 130 días de espera sin una respuesta satisfactoria.

Esta pesquisa, reabierta en febrero por el gobierno estatal, enfrenta desafíos complejos debido al tiempo transcurrido desde la comisión de los presuntos delitos y la venta de la propiedad, denominada rancho Zorro, en 2023. El titular de la fiscalía calificó la demora federal como un acto irrazonable, argumentando que la falta de cooperación limita las capacidades de los investigadores para esclarecer los hechos ocurridos.

Por su parte, la representación del Departamento de Justicia en EU respondió mediante un comunicado oficial asegurando que se proporcionó una contestación a la petición durante el mes de junio, manifestando su disposición para asistir en el proceso siempre que existan delitos federales identificables.

La tensión política en torno a este caso ha persistido a lo largo del mandato presidencial actual, marcado por el escrutinio público sobre el manejo de esta información. La administración estatal insiste en que la entrega de los expedientes originales resulta indispensable para avanzar en la identificación de los responsables y el esclarecimiento de las redes de complicidad que rodearon al delincuente sexual.

Mientras la confrontación institucional persiste, el equipo de investigación en Nuevo México continúa lidiando con la pérdida de pruebas materiales y las complicaciones jurisdiccionales que amenazan con prolongar la incertidumbre sobre la resolución definitiva de este proceso legal.