Acusan accionistas del Sevilla FC a Sergio Ramos por presunto fraude

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de junio de 2026.- La cúpula empresarial del Sevilla FC rompió relaciones de forma drástica con Sergio Ramos al denunciarlo públicamente por un supuesto engaño orquestado durante meses en perjuicio de la estabilidad financiera de la institución deportiva.

A través de un manifiesto conjunto, los principales bloques del accionariado andaluz notificaron al futbolista el inicio de acciones legales para exigir el cobro de una cláusula penal estipulada en los acuerdos preliminares, advirtiéndole que su conducta dolosa acarreará reclamaciones adicionales por daños y perjuicios.

Las familias que controlan la entidad afirmaron que el entorno del defensor mantuvo una estrategia de ocultamiento deliberado que afectó directamente las negociaciones corporativas en curso.

Los grupos mayoritarios Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente detallaron que las anomalías se hicieron evidentes el pasado 27 de mayo de 2026, a solo cinco días de que venciera el periodo de exclusividad para la compraventa acordado desde enero.

Los asesores del jugador manifestaron su intención de romper las condiciones previamente pactadas y revelaron que el Grupo DMI se había convertido en su único respaldo financiero, provocando la salida de los inversores originales como Five Eleven. Los directivos señalaron que este cambio radical en el perfil del comprador alteraba el fondo de la operación e introducía dudas severas sobre el manejo futuro del patrimonio inmobiliario del club de fútbol.

La alteración de las bases financieras fue catalogada por los inversionistas sevillanos como una falta de respeto hacia la asamblea y la afición, especialmente al tratarse de un compromiso refrendado públicamente por el propio Ramos el 11 de mayo.

Sumado a la inminente batalla en los tribunales ordinarios, el consejo de administración emitió un requerimiento formal para que el deportista de Camas cese cualquier divulgación de documentos internos.

La directiva recordó que el acceso a los balances generales y las auditorías del equipo se concedió bajo estrictos contratos de confidencialidad, herramientas que ahora buscan blindar legalmente para evitar filtraciones en España.