Rechaza tribunal cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 22 de abril de 2026.- El Tribunal de Apelaciones del Undécimo circuito decidió mantener abierto el centro de detención de inmigrantes conocido como Alligator Alcatraz, en los Everglades de Florida y ratificó su decisión anterior de bloquear la orden de una jueza para que la instalación redujera sus operaciones por no cumplir con la ley ambiental federal, indica un documento judicial.

Dos de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones afirmaron que la instalación administrada por Florida no estaba bajo control federal y no necesitaba cumplir con la ley federal que exige una revisión del impacto ambiental.

“Fueron funcionarios de Florida, no federales, quienes construyeron la instalación. Controlan el terreno y construyeron la instalación por completo con fondos estatales. La única acción federal que los ambientalistas pueden identificar es la decisión de no realizar una evaluación ambiental”, escribió el juez presidente del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, William Pryor.

Esta decisión anula la orden judicial de un tribunal inferior que disponía el traslado de los reclusos y el desmantelamiento del centro, ya que la mayoría dictaminó que la orden había ido demasiado lejos.

“Los funcionarios estatales construyeron las instalaciones con fondos estatales. Los funcionarios de Florida planeaban solicitar el reembolso de sus gastos al gobierno federal, pero cuando el Tribunal de Distrito emitió su orden judicial, Florida no había recibido fondos federales. La agencia no ha tomado ninguna medida para financiar el proyecto”, indicó el juez.

Sin embargo, la jueza del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, Nancy Abudu, emitió un voto disidente, calificando la decisión de la mayoría como simplemente errónea.

En su demanda de junio de 2025, Friends of the Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la Tribu Miccosukee de Florida alegaron que los funcionarios estatales y federales construyeron el centro de detención sin realizar previamente ninguna evaluación ambiental, como lo exige la ley federal.