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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 20 de abril de 2026.- La fiscalía del condado de Los Ángeles presentó cargos de asesinato en primer grado contra el cantante D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, por la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hernández, de 15 años, cuyo cuerpo fue localizado desmembrado en un vehículo del propio artista en septiembre de 2025.
El fiscal del condado, Nathan Hochman, informó que Burke, de 21 años, enfrenta además acusaciones por actos lascivos con una menor y por el desmembramiento del cadáver. De ser hallado culpable, podría ser elegible para la pena de muerte. El imputado permanece detenido sin derecho a fianza.
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De acuerdo con la investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles, el hallazgo ocurrió luego de que un automóvil Tesla, registrado a nombre del acusado, fuera remolcado desde una zona de Hollywood Hills tras reportes vecinales por olores fétidos. Días después, en un depósito vehicular, agentes localizaron en el maletero delantero restos humanos en avanzado estado de descomposición.
Las autoridades detallaron que el cuerpo de la víctima se encontraba dividido en dos bolsas. Posteriormente, los restos fueron identificados como los de Celeste Rivas Hernández, originaria de Lake Elsinore, en el condado de Riverside, quien había sido reportada como desaparecida en 2024, cuando tenía 13 años.
Documentos judiciales indican que la menor habría permanecido sin vida durante varias semanas antes de ser encontrada. La causa de la muerte no ha sido divulgada públicamente.
La investigación también incluyó la revisión de un viaje realizado por Burke a la zona de Santa Bárbara meses después de la desaparición de la adolescente. El caso se presentó ante un gran jurado antes de que se formalizaran los cargos.
Tras darse a conocer el vínculo del artista con el caso, el cantante canceló presentaciones de su gira en Estados Unidos. En tanto, su defensa rechazó las acusaciones y aseguró que las pruebas demostrarán su inocencia.
Por su parte, la familia de la víctima confirmó que asistirá a la audiencia judicial y que ejercerá sus derechos bajo la legislación estatal conocida como Ley Marsy, que garantiza la participación de víctimas en el proceso penal.




