México: desapariciones con responsabilidad estatal

México no fue señalado. Fue exhibido. Y no por cualquier actor, sino por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que el pasado 2 de abril activó el mecanismo más severo de su Convención al pedir que el caso mexicano escale a la Asamblea General. No es un trámite burocrático: es la antesala de un juicio moral internacional. La ONU no titubea: hay indicios fundados de desapariciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según el propio pronunciamiento del organismo difundido por la Oficina del Alto Comisionado.

El golpe no está sólo en la etiqueta jurídica. Está en lo que implica: que México dejó de ser un país con crisis de seguridad para convertirse, a ojos del sistema internacional, en un territorio donde la desaparición opera como fenómeno sistemático. No importa si es política deliberada o suma de omisiones: el resultado es el mismo. Un patrón.

Los números son el acta de defunción del discurso oficial. El propio Gobierno reconoce —en su informe del 27 de marzo de 2026– que existen 394,645 registros históricos de personas desaparecidas. De ellas, 132,534 siguen sin ser localizadas. Es una cifra que desborda cualquier narrativa de control. Es, en términos reales, una población entera tragada por la tierra.

Y luego está el mapa del horror: más de 4,500 fosas clandestinas, más de seis mil 200 cuerpos, miles de fragmentos humanos, y alrededor de 72 mil restos sin identificar, de acuerdo con el mismo pronunciamiento de la ONU. No son datos: son evidencia acumulada de una tragedia industrializada. México no solo pierde personas; pierde identidades, nombres, historias. Pierde humanidad.

Pero el dato más incómodo para el poder no es cuantitativo, sino cualitativo. La ONU desmonta el argumento central del Estado: que las desapariciones son obra exclusiva del crimen organizado. El Comité advierte que ha recibido información consistente sobre participación, tolerancia o aquiescencia de agentes públicos. Traducido: el problema no está fuera del Estado. Está, en muchos casos, dentro.

Ahí es donde la narrativa oficial se fractura. Porque si el Estado no desaparece directamente, pero permite, tolera o no impide, entonces el resultado es igual de devastador. La desaparición no necesita orden presidencial para existir como sistema; le basta la impunidad.

El gobierno respondió como suelen responder los gobiernos cuando el espejo internacional incomoda: negando. Calificó el informe como “tendencioso, parcial y sesgado”, según comunicados de la Cancillería, y defendió sus avances institucionales. El problema es que la realidad no se corrige con comunicados. Y menos cuando los propios datos oficiales desmienten el optimismo.

Porque mientras se discuten adjetivos, los números siguen creciendo. México concentra el mayor número de acciones urgentes del Comité de la ONU —más de 700 casos, cerca de 38% del total mundial, de acuerdo con reportes recogidos por El Universal—, lo que confirma que no se trata de episodios aislados, sino de una emergencia permanente.

Y en el fondo, la tragedia tiene rostro. Son las madres buscadoras, convertidas en fiscalía, policía y peritos de sí mismas. Son también víctimas. El País documentó recientemente que al menos 35 buscadoras han sido asesinadas en México. Es decir, en este país no sólo desaparecen los hijos: también matan a quienes los buscan.

Ese es el verdadero colapso. No el de las instituciones, que ya venían erosionadas, sino el del pacto básico entre Estado y sociedad. Un país donde las familias excavan con sus propias manos porque no confían en la autoridad no es un país en crisis: es un país roto.

La ONU no inventó esa realidad. La puso en palabras. Y eso es lo que duele.

Porque la discusión ya no es si México acepta o no el señalamiento. La discusión es si puede seguir ignorándolo. Porque cuando un país acumula más de 132 mil desaparecidos, miles de fosas y decenas de miles de restos sin nombre, la negación deja de ser estrategia política y se convierte en complicidad histórica.

La desaparición en México ya no es un delito. Es un sistema. Y lo más grave no es que exista. Es que se normalice.